De acuerdo con estos datos, destacados miembros de la izquierda abertzale reaccionaron en privado de forma crítica ante la abrupta ruptura del alto el fuego y el llamado proceso de paz.

No obstante, el Ejecutivo duda de que estos dirigentes de la formación ilegalizada puedan dar a corto plazo el paso de oponerse públicamente al atentado (ver EL MUNDO del pasado 11 de enero). Lo más parecido a eso es lo que hizo ayer Arnaldo Otegi. Según esas fuentes, es significativo de la situación que se vive en Batasuna que a las pocas horas fuera corregido públicamente por Pernando Barrena.

El Gobierno asegura que, pese a disponer de esos indicios, no tiene intención de hacer en breve gestos visibles de acercamiento hacia ese sector de Batasuna.

Más bien, la estrategia del Ejecutivo pasa por intentar, con apoyo del PNV, aislar a la formación ilegalizada, para mostrarle las dificultades a las que se enfrentará si persiste en la posición de no demarcarse de ETA y del terrorismo.

El propio José Luis Rodríguez Zapatero aseguró el lunes en el Congreso de los Diputados que, sin condenar la violencia, Batasuna no se presentará a las elecciones municipales y forales de mayo. Además, sus dirigentes, empezando por Otegi, sufrirán la presión de la multitud de procesos judiciales a los que deberán enfrentarse en breve.

De la ruptura por parte de ETA del anterior proceso de diálogo en 1999 surgió la creación de Aralar, formación política que no comparte el uso de la violencia, pero que defiende los mismos postulados ideológicos de Batasuna.

Aralar ya está en el Parlamento vasco con votos de la izquierda abertzale, y su líder, Patxi Zabaleta, tiene opciones en el Gobierno de Navarra en las elecciones forales del 27 de mayo, según las encuestas.

Estas diferencias internas en Batasuna y entre esta formación y ETA las detectó ya el Gobierno durante el llamado proceso de paz, a propósito de la decisión de solicitar su legalización y en relación con la puesta en marcha de la mesa de partidos. Entonces, los dirigentes de Batasuna se plegaron en todos los casos a las posiciones de ETA, en contra de la agenda y los plazos acordados con el Ejecutivo.