Así se desprende de una resolución que ha emitido el propio Departamento, en el que se admite que la declaración de utilidad pública de la expropiación del hotel y de otras fincas situadas en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es «susceptible de ser anulada» por «no ser tal acto administrativo competencia de la ministra» Cristina Narbona.

Según el documento de respuesta a las alegaciones del abogado de uno de los afectados por la expropiación, al que tuvo acceso Europa Press, la Abogacía del Estado informó al Ministerio de que debió ser el Consejo de Ministros el que declarase la utilidad pública de la expropiación y no el director general de Costas, quien lo hizo por delegación de Narbona.

La resolución, que, según el letrado Pablo Linde, será usada en el contencioso-administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional contra esta actuación, significa «la nulidad de pleno derecho» de la declaración de utilidad pública, «dada la manifiesta incompetencia del director general de Costas».

Linde dijo que el Ministerio pretende con la respuesta que el Consejo de Ministros haga la declaración de utilidad pública, convalidando las resoluciones dictadas y conservando todos los actos del procedimiento expropiatorio, algo que no es «viable jurídicamente». El Ministerio sólo podría comenzar un nuevo procedimiento, ya que el actual sería «nulo».