El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 reitera así las órdenes de «busca y captura y detención a efectos extradicionales» que ya acordó en octubre de 2005 contra el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, quienes se encontraban en el tanque que disparó contra el hotel donde estaban alojados los dos periodistas, según informa Europa Press.

Las órdenes habían quedado en suspenso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivara la causa en marzo de 2006, al considerar los hechos como un «acto de guerra» ajeno a la jurisdicción española. La Sala admitió el recurso presentado por el fiscal contra las órdenes de busca y captura de los militares por entender que la muerte de Couso y del reportero de Reuters no se trató de «un acto intencional doloso de causar la muerte», sino de «un acto de guerra realizado contra un enemigo aparente, erróneamente identificado».

Posteriormente, el pasado 5 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó la reapertura de la investigación en la Audiencia Nacional. La decisión del Alto Tribunal respondía al recurso interpuesto por la madre del cámara, María Isabel Couso, y sus tres hermanos.

La Sala del Supremo basó su resolución en una sentencia dictada en octubre de 2005 por el Tribunal Constitucional, que declaró que la Justicia española tiene competencia para investigar crímenes de lesa humanidad. En dicha resolución del TC se afirma que el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales.

A petición de la viuda y de los hijos de Couso, representados en la causa por el ex fiscal general del Estado Leopoldo Torres, el juez Pedraz solicita también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que informe sobre la posibilidad de proceder al embargo de bienes de la Administración de los Estados Unidos, con el fin de hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria derivada de una eventual condena de los militares.