Éstos son los fallecimientos documentados por la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, aunque el número de cadáveres repartidos por el mar podría ser mucho mayor y alcanzar los 7.000. Según los datos de esta ONG, de cada tres cayucos al menos uno no logra el objetivo de arribar a las islas Canarias.

El presidente de esta asociación, Rafael Lara, criticó ayer la pasividad del Gobierno y la indiferencia de la sociedad ante este desolador panorama: «Se trata de una catástrofe humanitaria de similar envergadura a tantas catástrofes naturales que azotan el planeta. Si hubiese habido un terremoto en Senegal, estaríamos recolectando dinero para ayudar».

La muerte se cebó especialmente con los inmigrantes de origen subsahariano, que acapararon 930 de los fallecidos, mientras que los muertos marroquíes fueron 136 y los saharauis sufrieron un aumento espectacular y pasaron de 16 fallecidos en 2005 a 100 durante el año pasado. Este incremento se debe al aumento de la represión practicada por las autoridades marroquíes, según denuncia el documento presentado ayer por la ONG, Derechos Humanos en la Frontera Sur 2006, y que hoy se entregará en el Foro Social Mundial de Nairobi.

Sus pronósticos no son muy halagüeños y, lejos de menguar, la inmigración ilegal hacia Europa aumentará en los próximos años. La cultura de la emigración se ha extendido entre una capa de jóvenes africanos que no se resignan a vivir sin expectativas en sus países con 50 euros al mes y buscan un futuro mejor.

Además, la inmigración clandestina se ha socializado. «Es más peligrosa y larga, pero es más barata, depende menos de las mafias y es más fácil de gestionar», indica el informe.

Las nuevas tecnologías, como el teléfono móvil y el navegador GPS, han dado un impulso importante al proceso y han reducido el papel de las mafias. «El tráfico de seres humanos existe, pero es un fenómeno insignificante. El grueso de los candidatos subsaharianos a la emigración se mueve de forma autogestionada. En el desierto del Sáhara, en Nigeria y en Malí, son los comerciantes tuareg -en connivencia con los gobiernos - quienes organizan a los interesados», afirma el profesor Ali Bensaad en el documento.

El texto también analiza que la tradición pesquera de Mauritania y Senegal ha facilitado el cambio de ruta, al poner a disposición de los inmigrantes cientos y hasta miles de barcas de pesca -cayucos- , que permiten realizar grandes travesías.

La Asociación pro Derechos Humanos también critica la política migratoria del Ejecutivo, que, a su juicio, no sirve para regular los flujos, sino sólo para cortarlos, pero a cambio no ofrece alternativas ni cauces legales de emigración. Además, denuncia la sistemática vulneración de los derechos humanos de los sin papeles que llegan a España, como el derecho de asilo político o el de asistencia letrada.

El informe hace además un repaso por la situación de los centros de internamiento y censura su dudosa legalidad, y que los inmigrantes sean tratados como presos. La ONG dictamina que son «una especie de cárceles, pero sin las garantías constitucionales que amparan a los centros penitenciarios». Sin embargo, los sin papeles que son internados allí durante 40 días no han cometido ningún delito, sino tan sólo una falta administrativa.