La historia de este recluso gallego de 36 años es la de tantos dobles perdedores, los últimos de la cárcel. Cuando el 29 de septiembre de 1999 ingresó en la prisión de Monterroso (Lugo), ya percibía una pensión no contributiva de 219,43 euros acordada por la propia Xunta dos años antes. La razón era una minusvalía del 65% más nueve puntos por infección de VIH.
Cuenta el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago de Compostela que, el 13 de noviembre de 2000, los servicios sociales del Gobierno gallego le retiraron el derecho al cobro de la pensión, aunque no se lo notificaron.
Y que el 1 de febrero de 2001 le citaron en su casa para proceder a la revisión de su grado de minusvalía. Evidentemente, no se presentó a la radiografía de su discapacidad porque estaba en la cárcel.
En su fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia cita la argumentación del Supremo de 1999, estima que este interno no ha mejorado de salud, que no ha recibido la notificación de sus descuento y que no asistió a la revisión por motivos más que justificados.
Resultado: la Xunta deberá abonar al recluso la totalidad de su pensión desde junio de 2000 hasta que salga en libertad.
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