Con el optimismo que ha caracterizado este comienzo de Presidencia germana, Berlín presentó los puntos clave en temas de Justicia e Interior de su agenda para los seis próximos meses en la reunión informal de los ministros del ramo en la ciudad sajona.

Y pese a haber logrado el apoyo de Italia a su causa, según fuentes alemanas, el hueso más duro de roer, sigue teniendo en frente a países que muestran sus reticencias -entre ellos, Reino Unido, Suecia, Holanda y Dinamarca- por entrar en conflicto con la libertad de expresión. Otros socios europeos del antiguo bloque soviético ya han pedido que, además de la esvástica nazi, se incluya en el listado de prohibiciones el uso de la hoz y el martillo, algo que ya es punible en Lituania y Estonia.

Por ello, la canciller Angela Merkel, que al menos en Alemania ha declarado la «tolerancia cero contra la intolerancia» tras un 2006 en el que se han multiplicado la violencia ultraderechista y el presupuesto destinado a combatirla, pretende retomar una iniciativa paralizada en 2001 y que tipifica como delito la incitación al odio y la xenofobia. A este texto sería necesario dotarle de cierta ambigüedad para superar todos las reticencias de uno y otro lado.

«Soy optimista sobre la posibilidad de llegar a algún resultado en los próximos seis meses», aseguraba la ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries.

Echando un capote, el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, recordó que lo que Alemania trata de atacar es «la incitación a la violencia, preservando al mismo tiempo la libertad de expresión». Y, frente a los más reticentes, el italiano recordó que se trataría de una decisión-marco y no una directiva, con lo que los estados miembros dispondrían de «mayor margen de maniobra».

La negación del Holocausto ya es delito en la actualidad en Austria (10 años de cárcel), Bélgica (1), República Checa (2), Francia (2), Alemania (5), Lituania (10), Polonia (3), Rumanía (5), Eslovaquia (3) y España (sin máximo).

Donde sí hubo ayer más consenso entre los 27 países miembros de la UE fue en la ampliación a toda la Unión del llamado Tratado de Prüm, que incluye la transferencia de datos policiales (fichas, pruebas de ADN, huellas dactilares y matrículas de automóviles) entre todos los estados miembros, «algo impensable hasta hace un año», según recordaba el ministro alemán de Interior, Wolfgang Schäuble.

Los ministros también se comprometieron en Dresde a desarrollar en los próximos seis meses la llamada e-justice, la transferencia de datos judiciales (transmisión de información sobre procesos y sumarios de tribunal a tribunal) en toda la UE, y a marcar una Hoja de Ruta hacia una unificación de criterios en derecho familiar y de herencia entre matrimonios binacionales.

Más farragoso resultó marcar el camino para prohibir la venta de vídeojuegos violentos, donde no se consensuó ningún tipo de criterio. «No se puede prohibir la lluvia», dijo la certera Zypries, en relación a que muchos de esos programas de entretenimiento se pueden descargar desde internet sin ningún tipo de legislación.