El juez federal Norberto Oyarbide la procesó ayer en la causa en la que se investigan los casi 1.000 crímenes perpetrados durante su Gobierno por la banda terrorista paraestatal Alianza Anticomunista Argentina, AAA, o Triple A. Y pidió a la Interpol la captura internacional de la viuda de Perón con fines de extradición a Argentina, pese a que la ex mandataria de 74 años ya cumple detención domiciliaria en Madrid. En efecto, se trata de la segunda orden de arresto contra Isabelita en pocos días, pues el jueves pasado había tomado una medida similar el juez federal de la provincia argentina de Mendoza, Héctor Acosta, por otra causa paralela, por la desaparición de un estudiante en 1976, y por polémicos decretos de la ex presidenta ordenando a las Fuerzas Armadas aniquilar el «accionar de los grupos subversivos». Isabelita debió comparecer ante la Audiencia Nacional española, que la libró de ir a prisión.

«Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se investigan en autos, que ya existe en su contra una petición de captura vigente y que la nombrada se encuentra fuera del país, dispóngase su detención a nivel nacional e internacional», explicó Oyarbide en su resolución. En otro párrafo, el magistrado señaló que «la asociación ilícita denominada Triple A» se «habría gestado» en «la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, el de Bienestar Social», que tenía a su cargo el fallecido José López Rega, alias El Brujo, hombre fuerte del tercer Gobierno peronista, entre 1973 y 1976.

Contra Isabelita el juez tendría pruebas de que ella supuestamente participó en la reunión en la que se resolvió el asesinato de Julio Troxler, subjefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y habría autorizado la compra de ametralladoras marca Sterling destinadas al arsenal de la Triple A. Este expediente judicial se inició hace 32 años, durante el propio Gobierno de la viuda de Perón, y en 1989 se archivó tras el fallecimiento de López Rega. Pero el 2 de febrero de 2006 fue reabierto a raíz de que el fiscal Eduardo Taiano entendió que los de la Triple A fueron crímenes de «lesa humanidad», a la vez que requirió a España la extradición del ex policía Ricardo Taddei, imputado del secuestro extorsivo del empresario Osvaldo Sivak. Ya están detenidos los números uno y dos de la organización criminal, los ex comisarios Juan Ramón Morales y Eduardo Almirón Sena (en España), además del ex oficial Miguel Angel Rovira. Hay un cuarto acusado, Alberto Villar, el ex jefe de la Policía Federal asesinado por la guerilla Montoneros en 1974.

La investigación sobre la Triple A salpica de lleno al peronismo ortodoxo, porque esa banda terrorista, anterior a los GAL españoles, constituyó la herramienta represiva del ala ultraderechista para eliminar a la izquierda del partido, es decir la Juventud Peronista, así como a las guerrillas Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. La banda debutó el 21 de noviembre de 1973, apenas 45 días después que Juan Domingo Perón asumiera su tercera Presidencia de Argentina. Aquel día una bomba lapa explotó cuando el senador opositor Hipólito Solari Irigoyen puso en marcha su coche. Resultó ileso. Más tarde otra bomba demolió su casa.

Poco después, el 21 de enero de 1974, Perón anunció sus intenciones a ocho diputados díscolos de la Juventud Peronista en una reunión en la Casa Rosada. «Vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Y lo vamos a hacer violentamente, porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia», les anticipó. También en el libro de investigación La fuga del Brujo, del periodista argentino radicado en Suiza Juan Gasparini, se destapa que las víctimas eran seleccionadas durante los Consejos de Ministros, con Perón e Isabelita presentes. El entonces ministro del Interior, Antonio Benítez, salió alarmado de una de esas reuniones y corrió a dar el chivatazo a dos ajusticiables, el entonces diputado nacional Rodolfo Ortega Peña y su secretario, Eduardo Luis Duhalde. El primero no se cuidó y fue matado por las balas de la Triple A el 31 de julio de 1974. Ayer, Duhalde -actual secretario de Derechos Humanos- volvió a declarar en la causa.