Se trata de una finca agrícola en Alpera (Albacete), valorada por los peritos en 8,5 millones de euros, y otra en Torrelodones (Madrid) que ha sido tasada en 1,9 millones.

Al ser producto del delito, la Audiencia decomisó ambas fincas y ordenó inscribirlas a nombre del Estado en marzo y mayo de 2005, respectivamente. Pese a ello, Vera sigue teniendo su domicilio familiar en la finca de Torrelodones.

En una resolución dictada el pasado día 11, la Sección Quinta explica que el procedimiento de enajenación de las fincas «no tiene por qué» ser el propio de las subastas judiciales, ya que, siendo bienes propiedad del Estado, éste puede conseguir un mejor precio si aplica otros procedimientos previstos en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, como el concurso o la adjudicación directa.

«Antes de aplicar las normas del procedimiento de apremio [subasta judicial] y a la vista de que la Administración ya es propietaria de las fincas decomisadas», el Tribunal considera procedente abrir un trámite de audiencia para que Patrimonio, la Abogacía del Estado y el fiscal informen si desean continuar la ejecución de la sentencia subastando las fincas o si es «más adecuado a la legalidad y favorable a los intereses de la Administración» aplicar los mecanismos administrativos de enajenación.

Para la Audiencia, con esta última opción «pueden beneficiarse los intereses de la Administración» y también los del propio Rafael Vera. Cuanto más dinero se obtenga por las fincas, más fondos ingresarán las arcas del Estado, ya que, aunque el valor de los bienes fuese superior al dinero sustraído por el ex alto cargo de Interior, el remanente queda en poder de la Administración al tratarse de fincas decomisadas (por ser efectos del delito) y no simplemente embargadas.

Paralelamente, la mejor venta de los terrenos beneficiaría a Vera en la medida en que podría cubrir la responsabilidad civil que se le impuso en la sentencia sin necesidad de acudir a otros activos de su patrimonio.

«Cuanto más alto sea el precio de venta tanto mejor para los intereses (generales y particulares). Y parece más fácil obtener un más alto precio por la vía que prevén nuestras leyes administrativas», indica la resolución.

Aparte de la pena de prisión, la Audiencia condenó a Vera a restituir al Estado un total de 3,7 millones de euros, que fue la cantidad que malversó de los fondos reservados apropiándose de una parte (847.427 euros) y repartiendo entre sus subordinados el resto (2,9 millones).

Además, Vera está condenado a devolver de forma solidaria con Luis Roldán otros 2,3 millones por los fondos reservados de los que se apropió el ex director general de la Guardia Civil, antiguo subordinado suyo.

Desde el pasado 11 de agosto, Rafael Vera disfruta del tercer grado que le fue concedido por la Administración Penitenciaria y que el fiscal no recurrió.