Por eso, la Vicepresidencia, de la que dependen las competencias lingüísticas, ha encargado un informe a expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), según explicó ayer el vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, durante su comparecencia parlamentaria para explicar la política de esta conselleria.

El resultado del estudio servirá para que el Govern de José Montilla tome una decisión: o bien deja la ley tal y como está o bien la endurece de acuerdo con las directrices del Estatut que, al fin y al cabo, es una norma de rango superior al de la ley cuestionada. Vicepresidencia no quiso dar ayer más datos sobre quiénes son los expertos contratados ni sobre cuándo estará listo.

Sin embargo, la incidencia del nuevo Estatut en el ámbito idiomático es innegable. El artículo 6.2 establece que los ciudadanos de Cataluña tienen «el derecho y el deber» de conocer las dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano.

Esta regulación difiere de la contenida en la Ley de Política Lingüística vigente, que es menos rígida, pues en su artículo 4 tan sólo regula «el derecho» a saber las dos leguas oficiales, pero no incorpora la obligación de conocerlas, lo que en la práctica se ha traducido en que, hasta ahora, los ciudadanos no tenían la obligación de saber catalán.

La posible reforma queda, por tanto, aparcada a la espera de que los expertos designados por Carod entreguen su informe. Pero el vicepresidente tiene otros proyectos cuya puesta en marcha es inmediata, como el de sellar un «gran acuerdo nacional sobre la competencia lingüística».

«Cataluña tendría que asumir como objetivo de la formación de sus ciudadanos, que lleguen a adquirir una competencia suficiente en castellano, inglés y una cuarta lengua, que podría ser el francés, lógicamente, con el catalán como primera lengua», dijo Carod para justificar el pacto. Para sellarlo, con la «máxima ilusión» y la «máxima ambición», Carod se propone contactar con «todos los agentes sociales, económicos y culturales afectados». Los conversaciones se entablarán sobre unas «bases provisionales». La primera: el catalán y el castellano son lenguas oficiales en Cataluña y el conocimiento de ambas es un derecho y un deber de todos. Y la segunda: el catalán es la lengua propia de Cataluña, «la que nos identifica colectivamente, con independencia de la que cada ciudadano use individualmente, y constituye un patrimonio que tenemos que preservar para el futuro», concluyó.