El fiscal general Alberto Gonzales anunció ayer que Bush «no renovará» el así llamado Programa de Vigilancia Terrorista cuando expire su última autorización, en el plazo de 20 días. A cambio, sin embargo, el Departamento de Justicia conferirá poderes extraordinarios a un Tribunal Vigilancia de la Inteligencia Exterior.

La Administración Bush confía en dar así por cerrada la polémica creada desde que el New York Times publicara hace algo más de un año la existencia del programa secreto de espionaje del Pentágono que había permitido vigilar miles de llamadas entre Estados Unidos y el extranjero sin autorización judicial alguna.

Nada más lograr la nueva mayoría en las elecciones de noviembre, los demócratas amenazaron con torpedear el programa secreto por considerar que viola la Constitución estadounidense y reclamaron la puesta en marcha de un tribunal especial para supervisar los casos de personas sospechosas de terrorismo.

El vicepresidente Dick Cheney fustigó en su día a los medios de comunicación por revelar la existencia del programa, horadar la estrategia de la guerra contra el terror y hacer un favor al enemigo.