El Partido Popular catalán pidió ayer la dimisión de la consellera de Salut, Marina Geli. La acusan, como representante de la Generalitat, de permitir un estudio que, con el pretexto de conocer la lengua en que se relacionan los médicos entre ellos y con los pacientes, violó la intimidad de los enfermos divulgando sin permiso sus historiales clínicos. La Agència Catalana de Protecció de Dades (ACPD) confirmó el lunes estas sospechas, y abrió un procedimiento sancionador a nueve hospitales catalanes.
El Plan estratégico de política lingüística en los centros sanitarios fue ideado en 2003 por el último Govern de Jordi Pujol, pero el tripartito se encargó de ponerlo en marcha en 2005. Se trataba de lograr que en los hospitales «se use normalmente el catalán», pero los investigadores y las clínicas se extralimitaron. Ahora, la ACPD considera que se cometió «una infracción muy grave» y pide a los centros que «adopten las medidas de orden interno que impidan que en el futuro se pueda producir una nueva infracción de este tipo». También solicita que se informe del procedimiento sancionador al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán.
El portavoz adjunto del PP en el Parlament, Daniel Sirera, justificó la petición de cese de Geli en «la gravedad» del caso. «Es evidente que la Generalitat sobrepasó los límites de la ley y de la ética, y la consellera de Salut lo autorizó, y por tanto debería presentar su dimisión», dijo.
Además, los populares quieren que la Generalitat comunique a todos los pacientes que vieron violada la confidencialidad de su historial clínico «que sus datos fueron utilizados irregularmente y cuáles son los derechos que pueden ejercer al respecto».
El Partido Popular recordó ayer que la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) estipula para las infracciones muy graves una sanción de 300.000 a 600.000 euros. Sin embargo, la multa no es aplicable a los centros públicos, por lo que el proceso de la ACPD se limitará a instar a los hospitales a poner lo que esté en su mano para que no vuelva a violarse la intimidad de los pacientes.
Los hospitales públicos a los que se refiere Protecció de Dades son la Casa Maternitat, el Clínic, Santa Creu i Sant Pau, Dos de Maig, Esperança, Mar, CAP Numància, Perecamps y tres hospitales de la ciudad sanitaria del Vall d'Hebrón (General, Rehabilitación y Traumatología y Materno-Infantil).
Los nueve vulneraron el artículo 10 de la LOPD, que establece que el responsable del fichero que contenía los historiales de los enfermos está sometido al «deber de secreto profesional» en relación a los datos personales que trata. «Este deber de secreto comporta el deber de custodiar con diligencia los datos personales objeto de tratamiento, para evitar que éstos puedan ser conocidos por terceros», se añade.
Protecció de Dades considera probado que varios trabajadores de cada centro «accedieron a historias clínicas con la finalidad de determinar los usos lingüísticos del catalán sin hacer ningún tipo de anonimización de la documentación, y también queda acreditado que «los pacientes a los que se referían estas historias clínicas no otorgaron su consentimiento para que sus datos fuesen tratados».
Los centros privados sí serán multados económicamente
BARCELONA.- Las clínicas privadas que participaron en el Plan estratégico de política lingüística en los centros sanitarios de la Generalitat no tendrán tanta suerte como los públicos y, en su caso, la sanción sí será económica, porque la competencia en su ámbito es de la Agencia Española de Protección de Datos, y no de la catalana. Tres hospitales ya fueron multados el pasado mes de diciembre: Sagrat Cor, Clínica Platón y Sant Rafael.
Los tres centros recibieron una sanción de 60.101,21 euros cada uno, pero anunciaron que lucharían para intentar que les retirasen la sanción por entender que fueron obligados a filtrar los historiales por la Generalitat. «El Hospital de Sant Rafael quiere recordar que fue la Administración quien exigió al centro el acceso a datos de carácter personal para elaborar un estudio sociolingüístico.El requerimiento era de obligado cumplimiento», adujo una de las clínicas en un comunicado.
En la misma línea se manifestó la Unió, una asociación de entidades sanitarias de la que son miembros los tres centros sanitarios multados: «La Generalitat garantizó que toda la información sería tratada de acuerdo con los protocolos de confidencialidad y secreto profesional, y siempre de acuerdo con la legislación vigente (estatal y autonómica) sobre protección de datos».
Las denuncias, tanto del PP como del Sindicato Manos Limpias, contra esta práctica del Gobierno catalán se produjeron después de que EL MUNDO desvelara, en su edición del 10 de enero de 2006, que la Generalitat había requerido 849 expedientes de hospitales barceloneses para que los examinara el Consorcio para la Normalización Lingüística, y que lo hizo, contra lo que indica la normativa, sin autorización de los pacientes.
