NOELIA FERREIRO
MADRID.-
La creación de una comisión Estado-Generalitat para que el Estatut comience a dar sus primeros pasos estará lista antes del 1 de marzo. Así lo anunciaron ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el conseller d'Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, quienes mantuvieron un encuentro en Madrid para establecer las pautas que harán posible el despliegue estatutario.
Esta comisión bilateral, regulada en el artículo 183, podría abordar el traspaso de competencias del Gobierno central a la Generalitat, según anticipó Sevilla. «Uno de los primeros asuntos sobre el que debemos empezar a trabajar es el listado de transferencias», dijo.
Saura, por su parte, consideró «imprudente» concretar estos traspasos, si bien resaltó que uno de los proyectos que más urgen en el Parlament es «la creación de una Agencia Tributaria propia».
Entre los acuerdos alcanzados ayer figura el «carácter paritario» de la comisión bilateral, que estará formada por seis representantes de la Administración central y otros seis del gobierno catalán.Según el ministro de Administraciones Públicas, «el ámbito de trabajo es muy amplio, lo cual obliga a que las dos representaciones sean de alto nivel y de variados campos», como los de Economía, Relaciones Exteriores o Infraestructuras.
Este organismo, que mantendrá dos reuniones anuales, contará con una presidencia rotatoria entre las dos partes, de modo que durante el primer año el presidente será Jordi Sevilla y durante el siguiente, Joan Saura. La preparación de cada una de las sesiones, así como la tipificación del orden del día y de los contenidos, quedará en manos de una Secretaría Permanente coordinada por un director general del Ministerio de Administraciones Públicas.
«Hemos acordado también la puesta en marcha de un órgano que realice un seguimiento de las legislaciones que aprueben la Generalitat y el Gobierno y que sea preventivo de conflictos», anunció Sevilla.
Un órgano -aún sin nombre- que velará por las posibles invasiones de competencias ambas administraciones, siempre en la fase de borradores previa a la aprobación en el Congreso. «A veces aparecen diferencias o conflictos que de haberse detectado con anticipación podrían resolverse antes de aprobar la norma», explicó el ministro.
El calendario para el resto de las comisiones también quedó fijado: la de Asuntos Económicos y fiscales arrancará el 9 de febrero, mientras que la de Infraestructuras lo hará el 31 de marzo.
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