La causa se abrió a raíz de una querella que presentó en junio de 2004 un abogado de Puigcerdà en representación de varios comerciantes de la localidad que acusaban a Carretero, antiguo alcalde de Puigcerdá, y a Planella de haber modificado planes urbanísticos para beneficiar a las empresas Gesdip y Supeco. Según la querella, las dos sociedades habrían pagado supuestamente al consistorio 240.000 y 120.000 euros, por la obtención de sendas licencias para la construcción de una gasolinera y un supermercado y la ampliación de una zona comercial, respectivamente.

El caso llegó al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), por la condición de aforado de Carretero al asumir el Departament de Governació, pero se remitió al juzgado de instrucción de Puigcerdà una vez fue cesado del cargo. La Fiscalía pidió el procesamiento del conseller por presunta prevaricación, mientras que los comerciantes de Puigcerdá que ejercían la acusación particular imputaban también al alcalde del municipio dos delitos de prevaricación y desobediencia y uno de cohecho a los administradores de Gesdip y Supeco.

Ilícito urbanístico

El juez de Puigcerdà ha acordado el sobreseimiento de la causa, al no ver indicios de delito de prevaricación dado que las cantidades entregadas por las dos empresas se habían destinado a fines municipales, concretamente a la construcción de unos ascensores en la población.El auto sostiene que «no todo lo que constituye ilícito administrativo o urbanístico tiene que ser ilícito penal» y añade que los convenios de planeamiento urbanístico como el investigado son un fenómeno «habitual, frecuente y generalizado».

El abogado de los comerciantes que promovieron la querella, Miquel Garzón, anunció ayer su intención de recurrir el archivo de la causa y expresó su sorpresa por el sobreseimiento, teniendo en cuenta la «contundencia» del escrito que el ex fiscal jefe del TSJC, José María Mena, presentó para pedir el procesamiento de Carretero.