El Gobierno ha decidido responder al ultimátum de la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, con un ataque. Se acabó la táctica de los últimos meses de rebajar las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) al grupo alemán E.ON para la compra de Endesa. Ahora, de pronto, el Gobierno considera que la Comisión Europea no tiene competencias sobre el caso al tratarse de algo que afecta «a la seguridad pública» de España.

El Gobierno despacha su respuesta en apenas dos páginas, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, y apunta que «es, en este principio, el de la seguridad pública, en el que el Gobierno español se ampara por considerar que no era necesario ni modificar ni solicitar autorización previa de la Comisión para la adopción de la medida, toda vez que el principio de seguridad pública, a tenor del propio artículo 21.4 del Reglamento (CE) 139/2004 constituye interés legítimo suficiente para su adopción en los términos realizados».

Con este escrito, tanto el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, como el ministro de Industria, Joan Clos, saben que el procedimiento de infracción es ya imparable y el siguiente paso de Kroes será denunciar al Reino de España ante el Tribunal de la UE por vulnerar el derecho comunitario. A ella se unirá el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, que mantiene por su parte abierto un procedimiento contra el Real Decreto del pasado 24 de febrero que facultó a la CNE a poner condiciones a E.ON a la compra de Endesa. La Comisión Europea entiende que esas condiciones, aunque hayan sido rebajadas, suponen una discriminación contra la empresa alemana, pese a ser tan comunitaria como una española.

Según los argumentos apuntados en el escrito, el Gobierno se defenderá en el Tribunal reprochando a Kroes injerencia en sus asuntos internos y defendiendo su competencia exclusiva para decidir qué es para España la seguridad pública.

Curiosamente, el Ministerio de Industria se apoya en una reciente decisión de la Comisión Europea para volverse en su contra. Se trata de la comunicación presentada el pasado 10 de enero por el propio presidente José Manuel Durao Barroso sobre cambio climático que proclama «la inexistencia de un mercado interior energético». Así lo subraya el escrito del Gobierno que agrega que «esta realidad indiscutible determina la necesidad de seguir dotando a las autoridades nacionales de un poder de intervención necesario para garantizar por medio de esta supervisión autorizatoria la permanencia de la seguridad del suministro».