En este informe se incluyen un conjunto de recomendaciones que, de momento, han sido bien recibidas por las entidades afectadas, debido a que se defiende y se reconoce la «relevante» gestión de la obra social y se propone más autonomía de decisión empresarial, así como mejoras en tareas de gobierno corporativo.

El trabajo, dirigido por el presidente de la Comisión Académica y Científica de la fundación, José Pérez -presidente de Intermoney-, así como por Lupicinio Rodríguez y Alfredo Jiménez, insta a que se acabe con el conflicto de la «doble supervisión». O lo que es lo mismo: que se reduzca por debajo del umbral del 50% la presencia de administraciones públicas en los consejos de las cajas, fudamentalmente los consejeros designados por las comunidades autónomas que son, en última instancia, las que preservan poderes de autorización de decisiones. Para estos expertos, esta situación «afecta negativamente a los procesos de fusión de entidades y a las emisiones en mercados de capitales». Además, reclaman una «mejor coordinación de los supervisores» y la igualación de las regulaciones relativas a la distribución de resultados de cajas, bancos y cooperativas de crédito.

«Las administraciones autonómicas han adquirido una preponderancia paralela a su peso en las políticas públicas del Estado que, en ocasiones, puede haber desequilibrado los órganos de gobierno», indica el estudio, en el que se pide más «autonomía» en la composición de la asamblea y en la duración de los mandatos.