Según este comunicado conjunto, el objetivo de los sindicatos es garantizar el cumplimiento del convenio único y la proposición no de ley aprobada en marzo de 1998 por la que se prohíbe la utilización de ETT en la Administración Pública.

Las tres fuerzas sindicales aseguraron que la utilización de trabajadores procedentes de empresas de trabajo temporal para la realización de estas tareas no garantiza «el servicio público, la objetividad» de los estudios, ni tampoco «el secreto estadístico y la custodia de los datos personales de los españoles» y supone una "apuesta por la precarización de las contrataciones».

En el comunicado se advierte que no encargar estas tareas a empleados públicos podría ocasionar que tanto los datos estadísticos como los personales de los encuestados cayeran en manos de agentes privados que «pudieran tener objetivos no coincidentes con el fin de los estudios».

Además, CCOO, UGT y CSI-CSIF calificaron está práctica del INE como un «ataque contra las relaciones laborales», así como «una apuesta por la mano de obra barata». Por último, los sindicatos subrayaron que la medida supone un «despilfarro» de dinero público que asciende a más de 4,3 millones de euros.

Respuesta del INE

El comunicado recibió ayer mismo respuesta por parte del INE, cuya presidenta, Carmen Alcaide, informa la agencia Europa Press, tiene previsto reunirse con las centrales sindicales para abordar este tema.

Desde el INE se sostiene que se ha optado por este tipo de contratación, que todavía no se ha materializado, al amparo de la Ley de Contratos del Estado, en la que se establece que la Administración podrá celebrar contratos de servicios con ETT en el supuesto de que se destinen a la realización de «encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos» y «sólo cuando se precise la puesta a disposición de la Administración de personal con carácter eventual».

En este sentido, el INE precisó que la decisión, que cuenta con un informe favorable de los servicios jurídicos del Ministerio de Economía, se ha tomado para dos casos puntuales en los que tiene necesidades de personal: la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares y la encuesta sobre las condiciones de vida de los españoles, que por sus características, precisaron las fuentes del INE, requieren de una recogida de datos de «corta duración».

Para la elaboración de dichas encuestas, el INE dispuso de otras dos opciones, aparte de la contratación a través de ETT, que fueron desestimadas: la contratación de trabajadores fijos discontinuos o la externalización de las tareas.