Fue casi una decisión personal que no compartieron ni su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ni su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni otros destacados colaboradores. Además, desde fuera del Gobierno, el presidente del Congreso, Manuel Marín, mantuvo varias conversaciones con la vicepresidenta primera en las que le expresó su opinión contraria a que se convocara el Pleno, según fuentes del Gobierno. Esta oposición fue transmitida a Zapatero directa o indirectamente por portavoces de otros grupos parlamentarios; por ejemplo, el de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. La tesis de todos ellos era básicamente coincidente y consistía en que no tenía precedente en la Historia constitucional, suponía una victoria para ETA y podría romper definitivamente el Hemiciclo en dos partes. Sostenían que nunca antes se había celebrado un debate en la Cámara tras un atentado terrorista, ni tras la ruptura de una tregua de ETA.

En este caso, además, era más que previsible que el debate terminara con la visualización ante los ciudadanos de la ruptura definitiva entre el PP y el resto del Congreso. Estos mismos argumentos fueron determinantes el pasado mes de junio para que Zapatero incumpliera su reiterado compromiso de celebrar un Pleno para abrir el diálogo con ETA. Entonces siguió el criterio que ahora desoye y optó por comparecer ante los periodistas en el Congreso el 29 de junio, en lugar de en el Hemiciclo. Estos mismos criterios son los que ha aplicado La Moncloa para hacer que el Grupo Socialista recabara el miércoles apoyo de los demás grupos para neutralizar el debate sobre las iniciativas del PP sobre terrorismo, aunque la forma en que se gestionó ha incomodado a algunos miembros del Gobierno.

Fuentes de La Moncloa lamentan que desde el Grupo Socialista se presentara públicamente el acuerdo con el resto de grupos como un boicot a la iniciativa del PP o como la decisión de impedir al Grupo Popular ejercer su actuación parlamentaria. El Ejecutivo explica que nunca antes uno de los dos grandes partidos había presentado iniciativas de manera unilateral sobre terrorismo. En los últimos meses lo han hecho el PNV y EA, referidas a los presos, pero el PSOE ha negociado previamente con ellos y han decaído las propuestas.

En diciembre, ERC intentó un frente de todos los partidos, salvo el PSOE y el PP, para pedir gestos como el acercamiento de presos, pero el Gobierno desactivó el movimiento. El propio Pacto Antiterrorista no sólo impide el uso partidista de este asunto, sino que exige la «actuación concertada» en la presentación de iniciativas. La Moncloa sostiene que debe evitar que se repita cada semana la confrontación que se vio el lunes en el Congreso, como pretende el PP.

Otra cosa sería que el PP presentara sus iniciativas en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista como se hacía cuando se aplicó ese acuerdo.