El Partido Popular catalán pidió ayer la dimisión de la consejera de Salud, Marina Geli. La acusan, como representante de la Generalitat, de permitir el estudio que, con el pretexto de conocer la lengua en que se relacionan los médicos entre ellos y con los pacientes, violó la intimidad de los enfermos divulgando sin permiso sus historiales clínicos. La Agencia Catalana de Protección de Datos (ACPD) confirmó el lunes estas sospechas y abrió un procedimiento sancionador a nueve hospitales públicos catalanes.
El Plan estratégico de política lingüística en los centros sanitarios fue ideado en 2003 por el último Gobierno de Jordi Pujol, pero el tripartito se encargó de ponerlo en marcha en 2005. Se trataba de lograr que en los hospitales «se use normalmente el catalán», pero los investigadores y las clínicas se extralimitaron. Ahora, Protección de Datos considera que se cometió «una infracción muy grave» y pide a los centros que «adopten las medidas de orden interno que impidan que en el futuro se pueda producir una nueva infracción de este tipo». También solicita que se informe del procedimiento al Defensor del Pueblo catalán.
El portavoz adjunto del PP en el Parlament, Daniel Sirera, justificó la petición de cese de Geli en «la gravedad» del caso. «Es evidente que la Generalitat sobrepasó los límites de la ley y de la ética, y la consejera de Salud lo autorizó, y por tanto debería presentar su dimisión», dijo.
Además, el PP quiere que la Generalitat comunique a los pacientes que vieron violada la confidencialidad de su historial clínico «que sus datos fueron utilizados irregularmente y cuáles son los derechos que pueden ejercer al respecto».
El Partido Popular recordó ayer que la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) estipula para las infracciones muy graves una sanción de 300.000 a 600.000 euros. Sin embargo, la multa no es aplicable a los centros públicos, por lo que el proceso de la Agencia sólo instará a los hospitales a que no se vuelva a violar la intimidad de los pacientes.
Los hospitales públicos a los que se refiere Protección de Datos son la Casa Maternitat, el Clínic, Santa Creu i Sant Pau, Dos de Maig, Esperança, Mar, CAP Numància, Perecamps y tres hospitales de la ciudad sanitaria del Vall d'Hebrón (General, Rehabilitación y Traumatología y Materno-Infantil).
Los nueve vulneraron el artículo 10 de la ley, que establece que el responsable del fichero que contenía los historiales de los enfermos está sometido al «deber de secreto profesional» en relación a los datos personales que trata. «Este deber de secreto comporta el deber de custodiar con diligencia los datos personales objeto de tratamiento, para evitar que éstos puedan ser conocidos por terceros», se añade.
Las clínicas privadas que participaron en el plan de la Generalitat no tendrán tanta suerte como los públicos y, en su caso, la sanción sí será económica, porque la competencia en su ámbito es de la Agencia Española de Protección de Datos, y no de la catalana. Tres hospitales ya fueron multados el pasado mes de diciembre: Sagrat Cor, Clínica Platón y Sant Rafael.
Recibieron una sanción de 60.101,21 euros cada uno, pero anunciaron que lucharían para intentar que les retirasen la multa por entender que fueron obligados a filtrar los historiales por la Generalitat con la promesa de que se respetaría la confidencialidad.
Las denuncias contra esta práctica del Gobierno catalán se produjeron después de que EL MUNDO desvelara, en enero de 2006, que se habían requerido 849 expedientes de hospitales barceloneses para examinar sus usos lingüísticos, y que se hizo, contra lo que indica la normativa, sin autorización de los pacientes.
