El pasado 12 de diciembre, el Ejecutivo catalán aprobó el proyecto de Ley de la Vivienda, a punto de tramitarse en el 'Parlament' y con el objetivo de entrar en vigor antes del próximo verano. La norma parte de un ideal: que «el derecho a tener una vivienda digna se convierta en realidad». Además de prometer la construcción de 50.000 nuevos pisos de protección oficial al año, la Generalitat ha diseñado una batería de medidas para impulsar el alquiler. Por ejemplo, la Administración ofrece «garantías» a los propietarios que no se atrevan a alquilar su piso por miedo a los desperfectos que pueda ocasionarles el inquilino. También ofrece subvenciones para reparar los pisos en mal estado, con vistas a su salida al mercado del alquiler. Pero la más novedosa -y polémica- pasa por el denominado «alquiler forzoso» en los barrios de «acreditada demanda residencial». La Generalitat se reserva la posibilidad de hacerse con el control del piso, renovarlo y alquilarlo a terceros durante seis años sin contar con la opinión del dueño. Este drástico mecanismo sólo se activará cuando la casa en cuestión lleve más de dos años vacía.

Montilla responde así a las exigencias de los colectivos a favor de una vivienda digna, que han calado con fuerza en la sociedad catalana. Una muestra: el pasado octubre, el Gobierno se vio obligado a cancelar una cumbre europea sobre vivienda en Barcelona por las protestas de grupos de activistas.

Pero la Generalitat puede toparse con la férrea oposición del Parlament. Tanto CiU como el PP se apresuraron a denunciar que algunas medidas rozan la ilegalidad. Los 'populares' ya anunciaron que llevarán el texto legal al Consejo Consultivo para que analice la posible inconstitucionalidad de la norma.