El Tribunal Supremo, última instancia jurisdiccional, acaba de confirmar la sentencia en la que la Audiencia Nacional rechazó el recurso que los familiares de Rica Cayuela interpusieron frente a la negativa de Defensa a encargarse de la exhumación y realización de las pruebas de ADN.

«No existe norma en nuestro ordenamiento que ampare esa pretensión», afirma el Alto Tribunal, «y, siendo así que esta declaración no se ha desvirtuado, en nada importan, a los efectos del litigio, las razones humanitarias e incluso afectivas que se invocan, por mucho que sean dignas de todo respeto y consideración».

Salvadora Roca Pérez, nieta de Alfonso, y los hijos de éste Viviano y Andrés (que tenía cuatro años cuando detuvieron a su padre, al que nunca más volvió a ver), alegaron ante el Supremo que Defensa y la Audiencia Nacional «están imponiendo o confirmando un castigo post-mortem, una pena de destierro respecto del enterramiento [de Roca Cayuela] con sus familiares».

La Audiencia dudó de que los restos de Alfonso Roca se encuentren donde la familia afirma. Según relató Andrés Roca a El País en 2002, tras una intensa búsqueda la familia consiguió una partida de defunción por la que supieron que el militar estaba enterrado en una fosa común en el cementerio de Los Remedios, en Cartagena (Murcia). Pero en el expediente judicial consta una certificación de la Junta del cementerio en la que asegura que no existen en sus archivos datos identificativos de los cuerpos que se hallan en esa fosa.

Los familiares oponen a ese certificado la partida de defunción en la que consta el lugar de enterramiento. Pero el Supremo les contesta que, aun aceptando que los restos estén en Los Remedios, «se trata de una cuestión que para nada ha incidido en la conclusión a que llega la Audiencia Nacional». El argumento decisivo para los jueces es que «no hay en la legislación ninguna obligación del Ministerio de Defensa» para exhumar e identificar al marino republicano.