Los socialistas y la izquierda en su conjunto insisten en defender el movimiento okupa, atender sus reclamaciones e incluso despenalizar sus actos de fuerza. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, declaraba hace un mes que los okupas reflejan «un estilo de vida», excusando así implícitamente sus actuaciones, pese a que la mayoría de las veces terminan con una denuncia de los dueños de los inmuebles asaltados y enfrentamientos con la Policía.
La Generalitat de Cataluña, por su parte, gobernada por el tripartito que lidera Montilla, anunciaba hace unas semanas un proyecto de ley para expropiar los pisos que permanezcan vacíos durante más de dos años. El objetivo de la iniciativa -de más que dudosa constitucionalidad- es obligar a sus dueños a alquilar, con la amenaza de, en caso de negarse, arrendar a la fuerza las casas durante seis años.
En sintonía con esa línea política que trata al propietario de un inmueble deshabitado como a un presunto delincuente y a quien da una patada en la puerta como a un adalid de la lucha por la justicia distributiva, hay que enmarcar las manifestaciones realizadas ayer por la ecosocialista Imma Mayol, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Mayol abogó por despenalizar la ocupación y propuso que este delito se saque del Código Penal para que sea una conducta regulada por el Código Civil. Aseguró que los okupas han puesto «el dedo en la llaga» en relación al derecho a la vivienda, y defendió la tesis de que los hay buenos y malos, en función de si usan o no la violencia. Se da la circunstancia de que esta concejal es pareja de Joan Saura, actual conseller de Gobernación, que ya intentó hace años en representanción de Iniciativa per Catalunya que el Congreso de los Diputados legalizara la ocupación de inmuebles.
La edil no estuvo sola en sus afirmaciones. Aunque algo más comedido, el propio alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, afirmó que un okupa «no es igual a alguien que va siempre en contra de la convivencia». Se da la circunstancia de que fue el PSOE el que incluyó el delito de ocupación de viviendas vacías en el Código Penal. Aunque sólo contempla pena de multa, la medida se ha mostrado como disuasoria. Al margen de que aún no han pasado doce años de la reforma, cabe afirmar sin riesgo a equivocarse que remitir este asunto al Código Civil supondría dar carta blanca a los okupas, ya que su desalojo sería aún más lento y complicado que el que ahora se aplica a los inquilinos morosos.
A la vista de los acontecimientos, queda claro que hay una apuesta de la izquierda -de una izquierda que gobierna- por blanquear el moviento okupa y asumir algunas de sus reivindicaciones. Quizás para esconder el fracaso de sus políticas en materia de vivienda y aun a costa de poner en cuestión un derecho fundamental como lo es el de la propiedad.
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