Sr. Director:

Sirvan estas líneas para expresarle mi opinión negativa en relación al nuevo sistema de selección del profesorado de secundaria, según se ha venido publicando estos días en la prensa. El sistema de acceso que se propone ahora, y que privilegia a los profesores interinos liberándoles de la primera prueba de la oposición respecto al resto de los licenciados que quieren ejercer en la enseñanza pública, nos retrotrae a los siniestros años 80, donde los interinos se limitaban a firmar su participación en los procesos selectivos, y así garantizaban un año de trabajo más sin correr el riesgo de aprobar y ser desplazados fuera de sus ciudades de origen a cubrir destino. O del trienio oscuro 1991-1993, en los que se premiaba con 1,5 puntos cada año de experiencia docente, con lo que había aspirantes que partían con ventajas de 10 o 12 puntos frente al resto de los licenciados opositores-libres y les bastaba sacar ¡incluso un 0! en el examen para obtener plaza, quedando fuera candidatos hasta con 10 de nota en el ejercicio ante el tribunal.

Somos bastantes en la enseñanza los que pensamos que de estos lamentables sistemas de acceso derivan no pocos de los problemas de la crisis que atraviesa la educación secundaria.

La solución para el acceso es, sin duda, la creación de una auténtica carrera docente impartida por unas Escuelas de Formación y Selección de Profesorado de Secundaria, destinadas a todos los licenciados que quieran dar clase en institutos, con unos programas que se basen en los contenidos de las carreras necesarios para impartir la especialidad en secundaria, acreditados estos conocimientos con carga lectiva y pruebas objetivas, la didáctica de esos contenidos y amplios periodos de prácticas en centros públicos. Y esto debería llegar como resultado de un auténtico debate y un acuerdo a nivel estatal y despolitizado en la medida que eso sea posible.

Mientras tanto, la degradación del sistema de acceso, como éste que se está proponiendo, es una simple muestra más de la tendencia al clientelismo de los gobiernos a la hora de copar los puestos en la Administración Pública.

José Antonio Saborit Basanta. Madrid.

Libertad de enseñanza, amordazada

Sr. Director:

La lectura del borrador del Estatuto de la Función Docente nos ha producido el más amargo y desolador concepto que el Gobierno tiene de los educadores. Ha vuelto a nuestro recuerdo el triste estado en que se desarrollaba la educación de los maestros en la época del caciquismo gubernamental. En aquellos tristes años el educador era un servil reflejo de las órdenes de los politicastros de turno.

Jamás hubiéramos pensado que el Gobierno de Zapatero fuera tan atrevido como para someter a los docentes a la acción de los comisarios políticos. El nuevo estatuto establece, entre otros atropellos, ocho grados en la carrera docente, con sueldos diferentes, según los informes del comisario gubernamental. Esto creará la discordia entre los educadores, las rencillas, el desasosiego, y que se deje de lado lo importante en la educación, que son los alumnos, para pasar a servir a los nuevos caciques de turno.

Para más inri a los profesores funcionarios se les podrá desplazar del centro y hasta trasladar de población de una manera arbitraria, según el grado de simpatía política en relación a los superiores. (art.42).

José Miguel Escamilla. Castellón.

Telefónica y el atraso tecnológico español

Sr. Director:

Cuando se establecen rankings de desarrollo tecnológico y comunicaciones entre países desarrollados aparecemos lamentablemente a la cola de los mismos. Las razones, a mi modo de ver son varias, pero hay una significativa en la que no hemos hecho el necesario hincapié, especialmente nuestras autoridades: tenemos un operador de comunicaciones que controla más del 80% del mercado y que reduce las inversiones al mínimo, quizás para destinarlas a otros mercados (Brasil, Chequia...) o simplemente para repartirlas en dividendos.

Cuando en cualquier país civilizado se habla de banda ancha, se habla de cable de fibra óptica o internet por radio de alta velocidad a velocidades significativamente superiores a los 100 kb que tenemos aquí, pero en nuestro país nos conformamos con un lamentable ADSL que no deja de ser un parche sobre las líneas de cobre tradicionales y que nunca tendrá las prestaciones ni posibilidades que los nuevos sistemas en cuanto a ficheros, vídeo, caídas, etc.

Lo más lamentable es que Telefónica no sólo no está invirtiendo lo que debía y le debería exigir el Estado -dónde está su famoso proyecto de cablear nuestro país o hacer que Iberbanda llegue a todos los hogares- sino que está coartando el desarrollo de otros operadores que deben utilizar la infraestructura de telefonía en su tramo final de acceso al hogar, poniéndoles muchas dificultades.

Pero no sólo es un problema de esta compañía; nuestros municipios, con contadas excepciones, también tienen mucho que decir con las trabas que ponen al cableado de las ciudades y las obras necesarias para la instalación de estas infraestructuras, así como los nuevos sistemas que se basan en antenas de radio y repetidores. Nos jugamos mucho en esto como para no buscar soluciones al problema.

Antonio de la Hoz. Salamanca.

Límites de velocidad razonables

Sr. Director:

Las carreteras están plagadas de señales «limitadoras de velocidad», que frecuentemente no son nada razonables: hay limitaciones de 20 kilómetros en obras donde a veces no se observa ninguna actividad; hay limitaciones de 40 y 30 kilómetros que no respeta nadie, porque a todas luces son inapropiadas.

Es muy cómodo curarse en salud y colocar limitaciones de velocidad exageradas, pero esto es contraproducente, porque los conductores, al no observar justificación alguna para medidas tan drásticas, terminan por habituarse a no respetar las señales. Y esto sí es grave. Y, paradójicamente, el conductor que respeta la señalización se convierte en un peligro, porque al ser la excepción es un incordio para la circulación.

José Matías García. Madrid.