El Ayuntamiento de Barcelona presentó ayer en comisión el primer informe sobre la evolución de la normativa municipal. Y a pesar de que Assumpta Escarp, concejal de Urbanismo, se mostró «satisfecha» de los resultados, lo cierto es que los datos señalan que las multan no se cobran en su totalidad.

Según dijo la concejal socialista, la normativa ha permitido atajar sobre todo la venta ambulante, la presencia de «limpiaparabrisas» en la calle y de otras formas de mendicidad agresiva, los graffitti, el consumo de alcohol y los orines en la calle. Además, Escarp puntualizó que el objetivo de la ordenanza sobre civismo no es el de «recaudar» dinero, ya que «los ingresos derivados de la imposición de multas y del decomiso de dinero se destina a aplicar medidas a favor del civismo».

Escarp señaló que el 78% restante de multas que todavía no se han podido cobrar es porque el infractor ha presentado alegaciones o todavía está abierto el periodo para que el sancionado pueda pagar la multa. «El procedimiento debe garantizar que todo se tramite bien y que se garantizan los derechos de los afectados», añadió.

Las actuaciones de la Guardia Urbana han sido 53.410, de las que 37.042 se han convertido en sanción. Las otras 16.368 acciones fueron denuncias contra la venta ambulante y prostitutas que ofrecían sus servicios a menos de 200 metros de un colegio y a quienes se les ofreció alternativas sociales. Del total de 37.042 sanciones impuestas, 29.807 han sido por infracciones leves, lo que supone una multa de menos de 750 euros. Por su parte, 7.235 sanciones se aplicaron por infringir aspectos graves y muy graves, lo que supone multas de más de 750 euros. De las sanciones leves, el consistorio ha notificado ya 14.352 multas, cuya resolución ha llegado al domicilio correcto del infractor.Pero de éstas, sólo se han cobrado 3.171, lo que supone el 22% del total.

Pero la ordenanza parece que no convence a todos. El presidente del grupo del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, aseguraba que la ordenanza actual es «difícil de interpretar y confusa e ineficaz en ocasiones», por lo que reclamó una nueva normativa con «contenidos claros, más Guardia Urbana», mayor firmeza y servicios sociales «que funcionen».

Tras acusar al gobierno municipal de haber mantenido una actitud de «permisividad» durante muchos años», Fernández Díaz reclama un incremento de la presencia policial en la calle para aplicar la ordenanza municipal, porque, como ya advirtió cuando se aprobó la normativa, no se podrá aplicar «sin medios materiales y humanos».

Y el presidente de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, denunció la «falta de convicción» del equipo de gobierno municipal para frenar la presencia de los top manta y lateros. El líder nacionalista acusó al Ayuntamiento de «no poner el suficiente interés para acabar con la venta ambulante», ya que «no puede ser que todas las noches, se detecte la presencia de lateros».