En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la entidad, Miguel Angel Fraile, señaló que la ordenanza de civismo del Ayuntamiento de Barcelona «no es suficiente» para atacar «un problema gravísimo» como es la venta ambulante. Aunque valoró positivamente la regulación municipal, Fraile destacó que este negocio «continúa moviendo muchos millones de euros» a pesar de las más de 17.000 denuncias que se produjeron en 2006 por este particular.

«No es un problema sólo de la Guardia Civil ni de denuncias puntuales», subrayó Fraile, quien aseguró que las quejas de los comerciantes no son «por competencia desleal», ya que la mayor vigilancia no ha repercutido significativamente en las ventas de los comerciantes, sino por «la imagen que está dando la ciudad con este fenómeno que se le está escapando de las manos al Ayuntamiento».

Por ello, pidió «una actuación mucho más firme» reconociendo, al mismo tiempo, que la ordenanza ha contribuido a crear «un estado de conciencia y de alerta».