En la carta que ya adelantó este diario, el Ejecutivo de Zapatero insiste en que los requisitos que quedan -retiró algunos y modificó otros de los iniciales tras las protestas de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes,- ,y que E.ON ha aceptado, son imprescindibles para «la seguridad del suministro». Tras las denuncias de la Comisión, que tiene competencia exclusiva en esta OPA y la autorizó sin condiciones el pasado 25 de abril, el Gobierno eliminó las exigencias más restrictivas.

E.ON podría reclamar ante un tribunal español la aplicación de la decisión comunitaria, pero la alemana ya ha dicho «sí» a las condiciones españolas. Aún así, la Comisión abrirá un nuevo expediente -sería el quinto sobre el caso- para llevar a España ante la corte comunitaria por una cuestión de principios. «Las sentencias del Tribunal establecen una jurisprudencia clara para el futuro», dijo Jonathan Todd, portavoz de Kroes. «Este caso podría perjudicar a las empresas españolas que actúen en otros países de la UE... Si un estado miembro actúa con desprecio de la legislación comunitaria no puede esperar que otros la respeten», insistió el portavoz.

El debate, de hecho, ya ha dejado de ser sobre si España pone obstáculos o no a E.ON. Pero, para la Comisión, muy enfadada con el comportamiento del Gobierno de Zapatero para «confundir» y «alargar» el proceso, según fuentes comunitarias, lo importante es que el Tribunal le dé la razón al final del camino. «España ha actuado en este caso con desprecio hacia la legislación comunitaria», lamenta un funcionario de Competencia.