«La falta de un plan sectorial adecuado para habilitar espacios y desarrollar proyectos viables para el cultivo del rodaballo» es la razón aducida por Pescanova para limitar sus inversiones a corto plazo en Galicia a la ampliación de la piscifactoría que actualmente posee en Xove. Además, su presidente, Manuel Fernández de Sousa, aludió ayer en Vigo a «discrepancias» entre las consellerías de Medio Ambiente, Política Territorial y Pesca para explicar el retraso que, según dijo, acumula el plan sectorial. «Pescanova», continuó, «lleva un año y medio esperando. Así que no se deben albergar expectativas de inversión a corto plazo cuando no existen ni marco jurídico ni suelo».

Sin embargo, la comunicación a la CNMV se conoce el mismo día en que la Consellería de Pesca presenta en Santiago a los alcaldes implicados el Plan Acuícola de Galicia, que la semana pasada fue dado a conocer a las empresas del sector. La responsable de este departamento, Carmen Gallego, declinó ayer hacer comentario alguno sobre la cancelación de los proyectos de Pescanova y se limitó a destacar que «el sector acuícola es estratégico para Galicia» y que el plan de la Xunta «cumple las expectativas de todas las empresas gallegas».

Por su parte, el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, explicó que los proyectos de Pescanova en Lugo no cumplen la normativa vigente, aprobada por el PP en julio de 2005. «Mientras no se apruebe el nuevo plan, hay que cumplir el actual», subrayó. Además, aclaró que «existen más proyectos» de otras firmas del sector, «lo importante es el aumento de actividad».

La noticia, en cualquier caso, es un duro revés para el Gobierno gallego. Tras anunciar Pescanova el traslado a Portugal de la inversión prevista en Cabo Touriñán (A Coruña), el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, insistió en que la empresa de Chapela mantenía sus proyectos en Lugo, lo que suponía duplicar allí la producción de la granja de Mira.

El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, calificó ayer la negativa de la Xunta al proyecto de Touriñán de «irregular, política y sectaria». Pese a reconocer que la renuncia a las granjas de Lugo es «una decisión empresarial», Feijóo puso en duda que la Xunta «esté diciendo la verdad». Por su parte, los conselleiros de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, y de Política Territorial, María José Caride, negaron que hubieran surgido «discrepancias» entre sus departamentos por culpa del Plan Acuícola.