La decisión fue adoptada el jueves por una mayoría de tres magistrados frente a dos y con el voto decisivo del presidente de la Sala, Juan Saavedra. El Alto Tribunal eleva a seis años de cárcel las penas de 30 a 42 meses impuestas en la primera instancia. Esto conlleva el ingreso en prisión de 23 de los 24 condenados por la Audiencia, ya que el Supremo ha absuelto a uno de los acusados.

No obstante, el Tribunal ha rebajado el papel que los condenados tuvieron en Jarrai: de la consideración de dirigentes apreciada por la Audiencia Nacional han pasado a ser simples integrantes.

El Supremo les ha impuesto la sanción mínima prevista por el Código Penal por integración en banda terrorista. Dado que ninguno ha cumplido más de cuatro años de prisión preventiva, todos deberán volver a la cárcel. Así lo acordó ayer por la mañana la Audiencia nada más recibir, en torno al mediodía, el fallo del Alto Tribunal.

Dos afectadas por el reingreso en la cárcel, Aiora Epelde y Olatz Dañobeitia, son dirigentes de Batasuna, y la segunda, además, integrante de la comisión negociadora nombrada por la formación ilegalizada para la mesa de partidos que estaba prevista en el llamado proceso de paz.

El criterio adoptado por el Supremo sobre la catalogación como grupo terrorista de un satélite de la galaxia etarra como Jarrai puede tener enorme trascendencia en otras causas abiertas en la Audiencia Nacional, como las que afectan a Ekin, Xaki, Orain, Gestoras Pro Amnistía o Udalbiltza. Jarrai tiene desde ayer el honor de ser la primera organización del entramado etarra que queda disuelta por una sentencia penal firme.

La resolución del Supremo, que no se conocerá hasta la próxima semana o la siguiente ya que no está terminada de redactar, supone un espaldarazo a las tesis acusatorias que mantienen la Fiscalía y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y reivindica el trabajo del juez instructor, Baltasar Garzón.

Fuentes del Supremo indicaron, a este respecto, que se han acogido los argumentos expuestos por la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcarce durante la vista de casación celebrada el 16 de noviembre. Salvo en la cuantía de la pena (las acusaciones pidieron para cada procesado 10 años de prisión como directivos de banda terrorista), los recursos del Ministerio Público y del letrado de la AVT Emilio Murcia han tenido un éxito total.

Desde que comenzaron las deliberaciones nada más terminar la vista de casación, la Sala prorrogó dos veces el plazo para dictar la sentencia e hizo público un comunicado para rechazar las interpretaciones de que la ampliación tenía como finalidad favorecer el proceso de paz retrasando el fallo. De hecho, la segunda prórroga fue acordada la pasada semana, cuando el proceso ya se había roto por el atentado de ETA en Barajas.

La cuestión nuclear -si Jarrai era una asociación ilícita o una organización terrorista- se solventó en dos únicas deliberaciones y ambas se produjeron después del atentado. En la última, que tuvo lugar en la mañana del pasado jueves, se constató que las posiciones de los cinco miembros de la Sala eran inamovibles, por lo que el presidente Saavedra dio por terminado el debate con una votación en la que él inclinó la balanza.

Dos magistrados, Miguel Colmenero y Francisco Monterde (ponente), se posicionaron a favor de considerar a Jarrai banda terrorista y otros dos, Andrés Martínez Arrieta y Joaquín Giménez, opinaron que se trataba de una asociación ilícita. Saavedra votó con los primeros.

El largo proceso de deliberación no se ha debido, por tanto, a la cuestión de la catalogación de Jarrai sino, más bien, a la complejidad de analizar, caso a caso, la prueba existente contra los 24 condenados por la Audiencia Nacional, verificando la corrección de los elementos de cargo.

Pese a la deficiente construcción de la sentencia recurrida, la prueba existía en todos los casos menos en el de Egoitz López de la Calle, al que la Audiencia impuso tres años y medio de prisión que los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Ollero (ponente) y Santiago Pedraz justificaron con 14 líneas.

En esa escueta fundamentación, la Audiencia se refería a las «funciones de tesorería» desempeñadas por López de la Calle, mientras que en el relato de hechos probados lo único que se consignaba era que fue uno de los organizadores de actos contra una cumbre europea. El acusado estuvo en prisión tres años y 10 meses.

La Audiencia Nacional sostuvo que Jarrai, aun teniendo una «finalidad ideológicamente próxima» a ETA, no era una «organización armada», por lo que concluyó que no se la podía considerar terrorista.

El Supremo subraya que ni la ley ni la jurisprudencia exigen que los grupos terroristas sean siempre armados, ya que el carácter terrorista se desprende de su finalidad y de los hechos que realiza. En este caso, además, Jarrai-Haika-Segi utilizaban armas (cócteles molotov) para llevar a cabo la kale borroka diseñada dentro de la estrategia de ETA para subvertir el orden constitucional y atemorizar a la población.

«No es lo mismo matar a una persona que volar un cajero automático», dijo Iñigo Iruin en la vista de casación. Es en lo poco en lo que el Supremo le ha dado la razón, optando por imponer la pena mínima a sus 23 clientes, que no merecen al Tribunal la consideración de dirigentes de Jarrai. La sentencia aquilatará el concepto de directivo de banda terrorista, «que no es el que dirige cualquier grupo o acción, sino el que tiene capacidad de decisión sobre la organización en su conjunto», explicaron.

La Guardia Civil detuvo ayer a Amaia Arrieta e Igor Ortega. Iker Frade, que fue detenido el jueves por desórdenes públicos, quedó ya privado de libertad por la causa sobre Jarrai. Otro de los condenados, Garikoitz Echeberría, ha sido detenido en Francia recientemente, por lo que se cursará una euroorden para su entrega a España. La Ertzaintza comunicó anoche a la Audiencia Nacional que tenía dificultades para encontrar a la mayoría de los condenados.