El fallo del Tribunal Supremo conocido ayer sigue el criterio de que una asociación ilícita no tiene por qué ser exclusivamente armada para ser considerada terrorista, cuyos dirigentes serían castigados con penas más elevadas. Esta decisión es relevante, ya que esa tesis es extrapolable a cuatro importantes causas abiertas por el juez Baltasar Garzón contra el entorno de ETA, siempre que se pruebe el vínculo entre la banda y la organización en cuestión. Además, apuntala los argumentos que ha venido exponiendo la Fiscalía en cada uno de estos casos:
Macrojuicio 18/98.
La Audiencia Nacional juzga en su sede de la Casa de Campo, desde noviembre de 2005, a 53 procesados por pertenecer a organizaciones ilegales que servían a ETA bajo la dirección de la banda. El escrito de acusación del fiscal Enrique Molina, que pide para los acusados penas de entre 10 y 51 años de prisión, expone que «para el cumplimiento de sus fines, [ETA] se sirve de grupos armados que conforman su frente militar, en torno al cual se agrupan en relación de sumisión diversas estructuras de la organización militar».
Estas «diversas estructuras» subordinadas a la banda habrían sido KAS y su sucesora Ekin, que organizaban el movimiento político y controlaban la kale borroka; el Proyecto Udaletxe, que acogía empresas que servían para financiar a la banda; el grupo Orain, del que dependía el diario Egin, que constituía el frente mediático; Xaki, que dirigía las relaciones internacionales, y la Fundación Joxemi Zumalabe, que proponía un proyecto de desobediencia civil.
Udalbiltza Kursaal.
Garzón ordenó en septiembre de 2004 el procesamiento de 21 miembros de la Udalbiltza Kursaal, la asamblea de cargos electos de Batasuna. Sus actividades, y la de las sociedades que la financiaban, habían sido suspendidas en abril de ese mismo año, y ocho de sus miembros, arrestados.
El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral solicitó en junio de 2005 que se prorrogase esa suspensión con el argumento de que Udalbiltza Kursaal «constituye una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA».
Batasuna-'Herriko Tabernas'.
Treinta y seis dirigentes de Batasuna -la mitad de ellos, integrantes de sus sucesivas mesas nacionales- están procesados por financiar a ETA a través de las herriko tabernas. El fiscal Juan Moral pide para los acusados -entre otros, Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria o el huido Josu Ternera- entre seis y 12 años de cárcel, y afirma que «no existe ninguna duda» de que los locales «formaban parte orgánica de la estructura» de la banda.
En octubre de 2006, la Sala del 61 del TS ordenó la entrada en las herriko para inventariar sus bienes, aunque un informe de la Fiscalía considera que tomar cualquier medida cautelar sería «prematuro», ya que -dice- «no existen pruebas suficientes que acrediten su efectiva vinculación con los partidos políticos ilegalizados». El Ministerio Público contradice así el criterio de la Abogacía del Estado y de los expertos de la Agencia Tributaria.
Gestoras-Askatasuna.
El fiscal Enrique Molina reclama 10 años de prisión para cada uno de los 27 dirigentes de las organizaciones abertzales Gestoras pro Amnistía y su sucesora Askatasuna. El representante del Ministerio Público defiende que ambas están integradas en ETA, controlando la disciplina de los presos de la banda o convirtiendo en objetivos de atentados a quienes considere responsables de su situación, o no secunde las movilizaciones convocadas en su apoyo. Está previsto que el juicio se celebre cuando concluya el 18/98.
