La Generalitat ha remitido al Gobierno su punto de vista sobre el actual sistema de financiación, del que acusa especialmente al Fondo de Suficiencia -principal mecanismo de solidaridad entre comunidades autónomas que utiliza el Estado- de generar un «efecto de sobrenivelación a todas luces excesivo». Pese a que es una descripción del actual sistema financiero, el documento se convierte de facto en una instancia para recortar el Fondo de Suficiencia en la próxima negociación para modificar el sistema financiero de las comunidades autónomas.
El informe elaborado por la Consejería de Economía, que dirige Antoni Castells, denuncia «una situación sumamente anómala, que no ocurre en ningún otro país».
Una de las denuncias del texto es la que hace referencia al supuesto agravio comparativo que sufren Baleares, Madrid y Cataluña respecto a las comunidades más pobres. Algo que provoca que los ciudadanos catalanes paguen «impuestos autonómicos superiores a la media en un 24%, pero después de actuar, los mecanismos de nivelación, los recursos del Gobierno autonómico se sitúan un 4% por debajo de la media». En el otro lado de la balanza, Extremadura, que pasa de pagar casi un 40% menos a cobrar un 23% más que el promedio de España. Una descripción que insta a la modificación de los instrumentos de solidaridad interterritorial.
La Consejería de Economía denuncia que los mecanismos vigentes carecen de la definición de un criterio de equidad territorial, que no son transparentes, que calculan de forma «incorrecta» los indicadores de necesidades y de capacidad fiscal», que no cuentan con instrumentos de actualización y que producen una «sobrenivelación de recursos e incentivos negativos» para las comunidades que realizan un mayor esfuerzo fiscal.
El documento insta igualmente, como recoge el nuevo Estatut, a introducir parámetros de capacidad fiscal, basados en términos de producto interior bruto y de las bases imponibles de los tributos. Asimismo, fuentes de la consejería señalaron ayer que deberían introducirse en los cálculos los datos de población, ya que, según el informe, las comunidades en las que más ha crecido ésta no se ha producido un incremento paralelo de sus recursos económicos, como debería suceder de acuerdo con el aumento de los servicios sociales.
Además de esos puntos básicos sobre solidaridad detectados por la Generalitat, el Gobierno catalán también hace hincapié en lo que denomina «nivelación vertical», y que se compone principalmente de una demanda para que las comunidades autónomas dispongan de mayor capacidad normativa y recaudatoria de tributos. Según el texto elaborado por los técnicos, los gobiernos autonómicos disponen de un 20% de los ingresos impositivos, mientras que sus necesidades alcanzan el 32% del gasto público. Por contra, el Gobierno central dispone del 72% de los impuestos, pero sólo le correspondería el 55% del gasto público. Favorable a instaurar regímenes económicos de corte federal, como el alemán o el australiano, el texto denuncia que esa «asimetría» no se produce «con tanta intensidad» en otros estados.
Esa asimetría se ha ido agravando «con el tiempo». Según el informe de Castells, en los últimos cuatro años los recursos estatales han crecido a un ritmo anual del 10%. Su gasto, por contra, sólo ha crecido un 5,1%, frente al 9,7% registrado por el conjunto de las comunidades autónomas.
Desproporción en País Vasco y Navarra
D. C. S.
BARCELONA.- El informe es una recopilación formal, por escrito, de lo que la Consejería de Economía ha ido deshilvanando en los últimos años, desde que se ahondara en el capítulo financiero del Estatuto. En ese contexto, la Generalitat considera en el documento que existe una «desproporción» entre los recursos gestionados por las comunidades de régimen foral (País Vasco y Navarra) y los que gestionan las comunidades de régimen común.
Esta tesis la sostiene mediante un dato: en 2002, las comunidades con régimen foral contaban con un 76% más de recursos que las comunidades de régimen común para financiar «los mismos servicios públicos». Esas diferencias no estarían justificadas ni por las necesidades de gasto de País Vasco y Navarra ni por su mayor esfuerzo fiscal.
Asimismo, esa divergencia podría, según la Generalitat, romper con el artículo 138.2 de la Constitución, según el cual debe garantizarse el cumplimiento del principio de igualdad, explicitando que los estatutos «no pueden conducir a privilegios económicos y sociales».
Otro debate que quiere generar el Ejecutivo catalán es la creación de «mecanismos institucionales suficientes de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas».
Para la Generalitat, ni el Senado ni el Consejo de Política Fiscal y Financiera «han funcionado correctamente» en este caso.
