Según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio del Interior, el subdirector general de Servicios penitenciarios, Javier Angel Ramos, será cambiado de destino durante los próximos días, mientras que el coordinador del área del plan de infraestructuras de Instituciones Penitenciarias, Francisco Vázquez Mallorquín, permanece suspendido de empleo y sueldo desde el pasado mes de noviembre.

En el caso del primero, se trata de una sustitución, no porque se haya detectado ninguna irregularidad cometida por él, pero sí porque se han detectado actuaciones irregulares en su ámbito de competencia. En el caso del segundo, se trata de actuaciones suyas directas que, administrativamente, no se ajustan a ley. Según estas fuentes, por el momento se ha detectado que ha incumplido el régimen de incompatibilidades.

Todo arrancó cuando el pasado mes de abril EL MUNDO desveló irregularidades en la convocatoria de unas obras en el recinto penitenciario de Murcia. El Ministerio del Interior había convocado un concurso público para adjudicar las obras de un sistema de seguridad en la prisión de Murcia. Pero posteriormente, y aunque las condiciones del concurso fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio revocó el concurso aduciendo un error en el pliego de condiciones y lo convocó de nuevo, pero ya de forma confidencial, sólo para empresas invitadas.

Estas circunstancias despertaron las sospechas en el seno de la institución dirigida por Mercedes Gallizo. Pero la gota que colmó el vaso se produjo cuando este periódico desveló el pasado mes de junio que el coordinador del plan de infraestructuras de Instituciones Penitenciarias, Francisco Vázquez Mallorquín, recomendaba que se adjudicaran obras a una empresa con la que estaba vinculado. EL MUNDO reprodujo, incluso, una fotografía del buzón del estudio de arquitectura que compartía este alto funcionario con la empresa que resultaba adjudicada.

En ese momento, el Ministerio del Interior abrió una investigación interna sobre las adjudicaciones de obras en las prisiones. No se trataba de la construcción de los nuevos centros, sino de las reformas de los ya existentes. Y aparecieron numerosas irregularidades, centradas fundamentalmente en las incompatibilidades del alto funcionario ahora suspendido.

El Departamento de Inspección de Asuntos Penitenciarios concluyó que existían posibles actuaciones delictivas pero que, administrativamente, no se podía proceder contra él. Por este motivo, el Ministerio del Interior ha decidido remitir a la Fiscalía General del Estado sus investigaciones internas sobre las concesiones de obras en las prisiones.

Sospecha que se hayan podido cometer actuaciones delictivas por parte de funcionarios. Entre los hechos que ponen sobre la mesa está la posibilidad de que los investigados hayan protagonizado conductas de trato de favor.