Del Olmo reconoció el pasado 19 de diciembre que no era competente para investigar el caso de mafia policial, destapado por este diario, por el que tres personas -entre ellas, un policía- están encarceladas por traficar con Goma 2, y otra más, además, por tráfico de drogas. En el transcurso de sus pesquisas, mantuvo 24 días en prisión a dos agentes (Celestino Rivera y Antonio Jesús Parrilla) bajo la acusación de revelar esa trama a EL MUNDO.

El juez de la Audiencia Nacional remitió entonces las actuaciones en bloque a un juzgado de Leganés -donde se descubrió el tráfico de explosivos-, como si entre el grupo mafioso y quienes, supuestamente, lo denunciaron, existiese conexión.

Confusión

Del Olmo continuaba así manteniendo una confusión que inició cuando hizo detener el mismo día a los integrantes de la mafia policial y a quienes habrían filtrado la noticia. Prolongó esa apariencia ordenando la prisión incondicional de unos y otros en un mismo auto y, más aún, cuando fijó para Rivera y Parrilla una fianza desorbitada, e inasumible para ellos, de 150.000 euros.

El juez de Leganés sólo se declara competente para instruir la causa sobre un delito de tráfico de explosivos cometido en ese partido judicial en agosto de 2006, lo que significa que no observa conexión entre el objeto de ese delito y los restantes.

Por ese motivo, ha devuelto la parte de las actuaciones que entiende que no le corresponde al Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular Juan del Olmo, para que proceda a repartirlo de nuevo entre los juzgados ordinarios que estime que sean competentes.

Probablemente, la investigación relativa al tráfico de drogas recaiga en un juzgado de Móstoles y el caso de los policías acusados de hablar con EL MUNDO en uno de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla de Madrid.

Del Olmo se encontraba de guardia el 15 de agosto de 2006, cuando a un confidente policial se le intervinieron cinco cartuchos de dinamita. El juez inició una investigación ante la sospecha de que el tráfico de explosivos pudiese tener una finalidad terrorista, único supuesto en el que sería competente.

Las pesquisas descubrieron cómo los policías El Moro y Rompepuertas urdieron una trama con un abogado con el fin de acusar falsamente a una ciudadana rusa de tráfico de drogas, para lo que le endosaron un paquete de cocaína.

En noviembre, las escuchas telefónicas a El Moro desvelaron que el inspector Celestino Rivera podría haber obtenido información sobre la investigación y estaría interesado en filtrarla a un periódico. En ese momento ya no había ni un solo indicio de que el tráfico de explosivos tuviese fines terroristas, y la revelación de secretos no es en ningún caso competencia de la Audiencia Nacional. Pero Del Olmo decidió seguir adelante y ordenó intervenir el teléfono de Rivera.