La lucha legal contra ETA dio ayer un paso importantísimo tras la decisión del Tribunal Supremo de condenar a seis años de cárcel a 23 militantes de Jarrai, las juventudes de la izquierda abertzale. El fallo dobla las penas de la sentencia de la Audiencia Nacional de junio de 2005, que había considerado que los actos de vandalismo cometidos por estos jóvenes eran constitutivos de un mero delito de asociación ilícita.
Con buen fundamento, la Fiscalía recurrió la resolución al no estar de acuerdo con este criterio, ya que entendía que Jarrai-Haika-Segi son una organización terrorista, un delito penado por la ley con un castigo mucho más duro. El Supremo ha dado la razón a la Fiscalía y estima que los 23 militantes de Jarrai, aunque formalmente no pertenezcan a ETA, actuaron de acuerdo a los fines de la organización armada y se les debe aplicar una pena de terrorismo.
El Supremo ratifica la disolución de Jarrai, Haika y Segi, al considerar que son marcas que obedecen al mismo propósito y que constituyen «organizaciones terroristas» dependientes de ETA. Este criterio jurídico es extraordinariamente relevante, ya que podría ser aplicado por extensión a las numerosas organizaciones de la izquierda abertzale que la banda utiliza para lograr sus objetivos.
Ni que decir tiene que la sentencia es un durísimo golpe al entorno de ETA, que ayer acogió con descalificaciones y amenazas el fallo. Éste tendrá unas implicaciones evidentes en quienes practican la kale borroka, que, según la doctrina del Supremo, constituye un delito terrorista y no una simple asociación de carácter espontáneo para cometer actos ilícitos, como si fuera una pandilla de gamberros que destrozan las papeleras de un parque.
El Supremo ha tenido el valor de llamar a las cosas por su nombre y no se ha dejado intimidar por algunos mensajes que le llegaban para interpretar la ley en función de la coyuntura política. También la Fiscalía ha estado en este caso a la altura de sus responsabilidades.
La única sombra que gravita sobre la Justicia en este asunto es la duda de si el tribunal ha dado a tiempo la orden de detención de los 23 condenados antes de comunicar el fallo. Todo indica que algunos de ellos habían huido hace semanas y no será posible que cumplan su castigo. Pero, aun así, lo relevante es que las esperanzas de impunidad de estos cachorros de ETA -que se habían presentado con piel de cordero en el juicio celebrado en la Audiencia- han topado con el Código Penal, que es un instrumento básico para combatir a la banda.
La Justicia sigue siendo el último baluarte del Estado de Derecho para que ETA no se salga con la suya. Ahí está la Ley de Partidos, cuya aplicación es más necesaria que nunca. Batasuna no puede volver a ser legal mientras no repudie el terrorismo. Pero también hay motivos para plantear la posible ilegalización del PCTV, como ha pedido Rajoy. Ayer, este partido se ausentó de la Cámara vasca para no condenar el atentado de Barajas, lo que pone en evidencia su vinculación a Batasuna y al entorno de ETA.
Afortunadamente, el Estado cuenta con suficientes recursos legales para luchar contra ETA. Lo que hay que hacer es utilizarlos y no dar cuartel a quien quiere chantajear a nuestro sistema democrático.
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