Creó Matesa (Maquinaria Textil del Norte de España S.A.) en 1956 con un capital social de 200 millones de pesetas. Se dedicaba a la fabricación y exportación de un revolucionario telar sin lanzadera, marca Iwer. Tenía su sede en Pamplona y empleaba a unas 2.000 personas. Rápidamente inició su expansión por toda Iberoamérica.

El régimen franquista presentó a Matesa como la primera multinacional española. El telar de Vilá Reyes -que, en aquel momento, era el presidente del RCD Español de Barcelona, entidad que dirigió entre 1962 y 1966- fue considerado por el Gobierno franquista como un producto nacional del que supuestamente se exportaban miles de unidades. Pero, en realidad, eran autovendidas a sus empresas filiales en el exterior. Y estalló el escándalo.

El descubrimiento del engaño había sido casual. Resulta que en una visita a España del ministro de Industria argentino, su homólogo español, Gregorio López Bravo, le agradeció la compra de 1.500 telares Iwer. Ante su asombro, el ministro le precisó que su país sólo había adquirido 120 telares. Después se supo que los 1.380 restantes se encontraban almacenados en una nave industrial próxima a Buenos Aires. También se descubrió la existencia de otros supuestos envíos cuando en realidad eran cajas repletas de tornillos y barras de hierro.

Mientras tanto, Matesa estaba recibiendo créditos de ayuda estatal a la exportación del Banco de Crédito Industrial por valor de más de 10.000 millones de pesetas (en aquel momento representaban el 90% del volumen total de los préstamos de esta entidad). Los recursos destinados a la exportación se habían desviado a la creación de filiales, gastos de ejecutivos, préstamos a empresas no vinculadas a Matesa y a autotransferencias para aparentar la actividad exportadora ante la Administración y seguir recibiendo créditos.

Fue el Director General de Aduanas quien denunció ante el Juzgado de Delitos Monetarios las irregularidades. Tres meses antes, Matesa había sido distinguida con la Carta de Exportador de primera categoría, título que sólo poseían 36 empresas y que le concedía «prioridad absoluta» para la concesión de créditos de la banca oficial. Curiosamente, esos créditos estaban asegurados, según disponía un decreto de 1965, por la Compañía Aseguradora Crédito y Caución. De ello nunca más se supo.

Vilá Reyes fue detenido en julio de 1969 en su domicilio junto a su hermano Fernando y su cuñado, directivos de la empresa, e ingresó en la prisión de Carabanchel. Por estos delitos fue juzgado dos veces. En una primera ocasión fue condenado a tres años de cárcel y una multa de 1.658 millones de pesetas. Y en la segunda, resultó procesado por 424 acusaciones distintas, y fue condenado a 224 años de prisión (el fiscal había solicitado 1.290).

El escándalo económico saltó a la esfera política ya que, junto a Vilá Reyes, fueron procesados sus amigos y presuntos colaboradores en el poder: los entonces ministros de Comercio, Faustino García Moncó; y de Hacienda, Juan José Espinosa San Martín; así como siete altos cargos, entre ellos el Gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio. Todos ellos, miembros del Opus Dei, fueron indultados posteriormente. Lo mismo le sucedió a Vilá Reyes, aunque estuvo en la cárcel poco más de tres años.

El juicio al empresario acabó convirtiéndose en un juicio al propio régimen, en el que se enfrentaron las dos facciones del Gobierno: los azules y los tecnócratas. Los primeros, defensores del nacionalismo autárquico y procedentes del Movimiento, entre ellos Manuel Fraga y José Solís, vieron la oportunidad de dar batalla al sector emergente del régimen, los tecnócratas, los todopoderosos ministros económicos salidos del Opus Dei, defensores de la apertura del Estado en el concierto de las relaciones internacionales.

En realidad, Matesa fue una carga de profundidad contra el vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, que al final tuvo que convencer a Franco por reforzar a los tecnócratas. En octubre de ese año configuró un Gobierno monocolor por la abrumadora mayoría de tecnócratas de la mano de Laureano López Rodó.

López Bravo fue elevado a Asuntos Exteriores. A Franco no le gustaban los escándalos y ordenó poner fin al affaire con Vilá Reyes ya en la cárcel. Pero sacó del Gobierno a los conspiradores Fraga, Solís y Castiella, así como a los tecnócratas implicados en el caso (García Moncó y Espinosa).

Tiempo después, tras haber pasado unos meses en prisión, Vilá Reyes realizó unas declaraciones denunciando que «lo de Matesa fue una venganza política». El empresario catalán no se mordió la lengua: «Yo les llamo los intocables porque constituyen una élite sin cuya firma nadie decide. Nadie juega contra su opinión, y en ese nadie figuran en primer lugar los políticos. Son siempre los mismos, y si se me permite la elipsis, precisaré que son aquellos cuyos intereses y los del país coinciden siempre, como por definición, como por casualidad».

Refiriéndose a la forma de operar en Matesa, dijo: «Franco lo sabía porque se lo expliqué yo mismo. Le conté cómo sacaba ilegalmente el dinero de España para financiar nuestra red exterior, y lo sacaba de la misma manera que lo hacía la oligarquía financiera, por los mismos canales».

En abril de 1998 escribió un libro, La verdad sobre Matesa, en el que denunciaba ser «víctima final de un totalitarismo en descomposición». Su última comparecencia pública fue hace tres años: volvió a sentarse en el banquillo de la Justicia por una presunta estafa de 1,4 millones de euros realizada a través de una empresa que tuvo contratos con el Instituto Balear de Saneamiento. Aunque apenas podía mantenerse en pie para declarar, se defendió diciendo que no tenía nada que ver con el caso ya que era «presidente honorario sin sueldo» de la empresa acusada y de la que ni siquiera repasaba los libros de contabilidad.

Juan Vilá Reyes, empresario catalán, murió el 18 de enero de 2007 en Barcelona, a los 81 años de edad.