Esta alarma permite explicar las desautorizaciones emitidas desde las mismas filas del tripartito, así como los silencios clamorosos que se han producido. Se han dado unas y otros porque las fuerzas del tripartito están más pendientes de marcar un espacio electoral propio, ante la próxima convocatoria electoral de mayo, que de proporcionar respuestas efectivas y rápidas a las inquietudes ciudadanas, aunque sea con el precio costosísimo de una sensación extendida de desprotección, así como de un descrédito de las instituciones y del peligroso recurso a la autodefensa que muchos ciudadanos y ciudadanas pueden plantearse.

Unas declaraciones como las de Mayol denotan el nerviosismo típico de quienes se ven incapaces de superar la contradicción entre su ideología buenista y antisistema y el ejercicio del poder.Asimismo, pretenden desviar la atención pública del gran problema que nuestra sociedad tiene planteado y al que las izquierdas no han sabido dar una respuesta adecuada: el acceso a la vivienda, sobre todo, así como a espacios para la producción cultural y de ocio. Son conscientes de que ya no se puede acudir al recurso fácil de culpar a CiU de todo lo que no saben hacer funcionar, recurso que incluso les ha servido largo tiempo en Barcelona, templo supremo de la especulación inmobiliaria, de la carestía y de proyectos y obras faraónicos, cuyo ejemplo paradigmático tenemos en el Fòrum 2004 y el despilfarro ocasionado.

Ahora bien, tanto o más preocupante que la intervención de Imma Mayol es que su compañero Joan Saura, conseller de Interior, la haya avalado ayer, en unas declaraciones en las que, además, admite su incompetencia y desidia al dar rango y lentitud burocráticos en la tramitación de requerimientos judiciales, en el caso concreto de la calle Urgell de Barcelona. Todo ello refuerza nuestras serias dudas, que ya albergábamos cuando se le asignaron las competencias en Interior, de que el responsable de garantizar la seguridad pública en Cataluña pertenezca a ICV, con la trayectoria y poso ideológico que dicha formación tiene. Podemos recordar ahora que el portavoz de ICV llegó a afirmar que, desde la izquierda, se podía hacer una política de seguridad a favor de los débiles.Esto, en manos de la izquierda doctrinaria que padecemos, puede ser una auténtica bomba de relojería. Quizás los pobres y débiles okupas sean el primer colectivo considerado digno de protección, en su desigual pugna con los despiadados pequeños propietarios.

No hay más cera que la que arde. Y compete a todo gobierno, y sobre todo a quien tiene las responsabilidades sectoriales en materia de seguridad e interior, cumplir y hacer cumplir la ley.No se valen excusas ni distingos, y los prejuicios ideológicos deben aparcarse. Lo que está en juego no es cosa baladí, sino que se trata de algo fundamental para la convivencia en toda sociedad democrática: la garantía de la seguridad imprescindible para el ejercicio tranquilo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Cuanto está aconteciendo, que debe leerse en la lógica de lo que se inició en el año 2003 con el Pacto del Tinell, nos reafirma, con una claridad inusitada, que hay algo mucho peor que tener una izquierda irresponsable, y es que ésta nos gobierne y que pretenda excluir por doquier a las otras fuerzas -éste es, de hecho, el sentido último de la opción estratégica del tripartito, ya desde sus primeras manifestaciones locales-.

Nos queda el recurso democrático a las urnas, que les reprueben tanta irresponsabilidad exhibida, y que repercute seriamente en la gobernación del país.

Joana Ortega i Alemany es portavoz de UDC i diputada de CiU en el Parlament de Catalunya.