Els Verds, organización federada con Iniciativa per Catalunya, ha decidido instar tanto a la Generalitat como al Gobierno español a impulsar la reforma del Código Penal con el objetivo de suprimir el apartado 2 del artículo 245, el que castiga la ocupación de viviendas abandonadas; de igual manera también pretenden que se endurezcan las penas en los casos de corrupción urbanística.El apartado 2 del artículo 245 del Código Penal, el que Els Verds pide que se suprima, afirma que «aquél que ocupara, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan domicilio, o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses».

De igual manera, Els Verds reclama a la Conselleria de Interior, precisamente la que ocupa su correligionario Joan Saura, que paralice los desalojos de casas okupadas. En esta línea, el portavoz de la formación ecologista, Antoni Garcia, ha instado a las administraciones «a que dejen de criminalizar a la plataforma por el derecho a una vivienda digna y al movimiento okupa por que su único delito es el de reclamar soluciones a la problemática de la vivienda».A cambio, Garcia ha pedido que la política de mano dura se ejecute contra aquellas inmobiliarias que promueven la especulación urbanística.

Por último, la formación ecologista ha pedido que se promuevan las reformas legislativas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna «por encima de la especulación urbanística» y ha pedido al Estado que siga el camino que inició el Gobierno francés de dar luz verde a la reclamación de este derecho ante la Administración y la Justicia.

La primera en reclamar la despenalización de la okupación fue Imma Mayol, tercera teniente de alcalde del consistorio barcelonés, quien el pasado jueves abogó por despenalizar la invasión de edificios deshabitados, algo que, según aseveró, debería ser regulado por el Código Civil en lugar del Código Penal. mayol, que distinguió entre okupas buenos y malos, no considera «grave» que se haga un uso social» de espacios que están vacíos desde hace tiempo «si se hace en condiciones» y no se generan problemas de convivencia.

Sólo 24 horas después, la consellera de Justícia, Montserrat Tura, contestó a Mayol, quien, además de una histórica militante de ICV, es la compañera sentimental del conseller Saura. Tura replicó la petición de despenalización apuntando que «el derecho a la propiedad está en la Constitución». «La usurpación de la propiedad no es legal, y como no es legal, la Justicia actuará en beneficio de la defensa del ordenamiento vigente», agregó.