BARCELONA.-
Las entidades de apoyo a las prostitutas de Barcelona denunciaron ayer que la aplicación de la ordenanza cívica municipal, que entró en vigor hace un año, ha provocado un aumento de las agresiones que estas mujeres reciben por parte de clientes y vecinos. Según la portavoz de la asociación Genera, Clarisa Velocci, la normativa «marca una pauta de permisividad para que también el resto de la ciudadanía pueda perseguir a las prostitutas, un colectivo que ya está suficientemente maltratado por la sociedad», informa Europa Press. Según la entidad, la «criminalización y persecución» que promueve la ordenanza ha llevado a un crecimiento de la violencia ejercida por los clientes hacia el colectivo, que, además, también ha visto perjudicada su salud sexual.
Para evitar las multas -entre 120 y 750 euros-, las profesionales del sexo se han visto obligadas a aceptar encuentros más clandestinos y cortos, por lo que han tenido que reducir su capacidad de negociación con los clientes y aceptar condiciones, según Velocci
Por motivos muy distintos, la ordenanza cívica recibió ayer también las críticas de las dos formaciones en la oposición municipal, CiU y PP. Xavier Trias, aunque hizo un balance positivo, criticó la falta de interés del consistorio para hacer cumplir las normas y puso como ejemplo la venta de bebidas en lata que tiene lugar delante mismo del Ayuntamiento. Mientras que el popular Alberto Fernández Díaz, aseguró que es necesaria «una nueva ordenanza que garantice un modelo de convivencia que respalde a los que pagan impuestos y cumplen las normas».
|
