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Mónica Martín y Rebeca Rullán no pueden ocultar su emoción. Ellas escucharon de boca de la directora general de Salud Pública, Almudena Pérez, lo que tantas veces habían anhelado. Para ellas, miembro de Cogam y presidenta de Transexualia, respectivamente, la promesa no era nueva, pero en esta ocasión llegaba con fechas en el calendario.

«En el mes de marzo echará a andar la Unidad Multidisciplinar para los problemas de identidad de género», celebraba Rullán. Hasta ahora, sólo había un precedente, Andalucía -gobernada por el PSOE-, que corriera con los gastos del tratamiento clínico de reasignación de sexo para personas transexuales. «El colectivo transexual agradece al PP y PSOE los pasos dados. Hay voluntad política y personal», resumía Martín. «El PP ha hecho una apuesta valiente en Madrid».

Pero, para Mónica y Rebeca, lo importante no es tanto el color del equipo como el resultado. «Lo fundamental es que se nos dé legitimidad y un reconocimiento sanitario». Dos hospitales madrileños, el Ramón y Cajal y La Paz, se encargarán de ofrecer «una atención integral» a estos pacientes. El primero se encargará de las especialidades médicas; el segundo, de las operaciones.

«Es importante que la sanidad pública se haga cargo de estas cirugías, porque, para las personas que no disponen de dinero para irse a la privada, supone una gran frustración», explicaba Rebeca. En España, una vaginoplastia (cirugía de reasignación de sexo de hombre a mujer), por ejemplo, cuesta entre 10.000 y 14.000 euros. Las cosas, afortunadamente, han cambiado mucho desde que iniciaron su particular batalla, allá por 1987, pero todavía quedan muchos estereotipos por eliminar. «Esto no es una operación de estética, va mucho más allá. Es adecuar tu cuerpo a tu identidad de género».

En marzo, la unidad comenzará a trabajar, pero las primeras operaciones tardarán todavía en llegar. «Es un proceso largo y complicado y antes de llegar a la intervención hay que ver muchos aspectos de cada paciente, analizar muchas cosas», afirma Rebeca. «Quizá al principio haya un poco de colapso, porque hay gente que lleva mucho tiempo esperando», apunta Mónica. «Después la cosa, seguramente, se normalizará».

Precisamente ahora «se está trabajando en el protocolo de actuación», según explicaron ayer desde Sanidad. En la unidad, «que trabajará en red y no tendrá un espacio fijo», intervendrán diversas especialidades: dermatología, endocrinología, cirugía plástica y general, urología, ginecología, psiquiatría, psicología, logopedia y foniatría. «Se trata de un equipo cerrado de médicos con experiencia». A la hora de elaborar el protocolo se ha tomado como referencia la Universidad Libre de Amsterdam, «modelo en la materia a nivel europeo», y la guía específica de la Sociedad Española de Endocrinología.

De la reunión del viernes, además, salieron dos compromisos entre Sanidad y las cuatro asociaciones presentes (también estuvieron El hombre Transexual y la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales): citarse de nuevo en las próximas semanas con los médicos para conocer el protocolo y, una vez esté funcionando, realizar encuentros periódicos para analizar su evolución.

El procedimiento para acceder a este servicio será a través de los médicos de atención primaria; ellos se encargarán de derivar a los pacientes a la unidad. Desde la Consejería de Sanidad insistían ayer en que esta opción se incorpora a la cartera de servicios de la red asistencial: «Lo ponemos en marcha con nuestros propios recursos materiales, humanos y económicos».

Rebeca tiene claro que esto es un capítulo más, «un paso muy importante», aunque, ni mucho menos, es el final del camino. «No renunciamos a incluirlo a nivel estatal». Aún no han celebrado la buena noticia. Al menos, no a lo grande. «Ya lo haremos, hay mucho tiempo», dice Mónica con la sonrisa en los labios. Ellas siguen dando argumentos de por qué hay que incluir estas intervenciones en el servicio sanitario público.

«No hacerlo implica más costes. Hay transexuales que trabajan en la prostitución que se autoadministran hormonas», cuenta Rebeca, «lo que puede provocar, si no es controlado periódicamente por médicos, tromboembolismos, problemas de hígado, cáncer de mama, osteoporosis...». En su opinión, aún hay mucha falta de información. «Hay quien se inyecta silicona líquida o aceites. Al principio, queda muy bien, pero después se filtra entre los tejidos... y vienen los problemas. Hay mujeres que han tenido que ser operadas por esto en la sanidad pública».

Otro de los fenómenos observados es el aumento de viajes al extranjero, por ejemplo, a Tailandia, para someterse a intervenciones de cambio de sexo. «Allí hay excelentes cirujanos. El problema es que, al mes, la persona está de nuevo aquí y, si hay cualquier complicación, es más difícil tratarlo». Creen que la decisión adoptada por Madrid «abre el camino» para que otras comunidades «se sumen». «El tema de la financiación ha sido muchas veces la excusa», se queja Rebeca. «Ahora quizá la situación tome otro matiz». Al igual que ha ocurrido con Andalucía, saben que ahora será Madrid la que atraiga a transexuales de otras comunidades en busca de esa operación. «En la unidad de género de Málaga, hay personas que sólo van a operarse. Tienen su tratamiento hormonal y demás, pero tienen que ir allí para la intervención», dice Rebeca. Quizá ayer por la noche sí brindaron por la buena nueva. Por esa reivindicación que les ha llevado dos décadas de lucha sin tregua. «Ahora nos falta el tema de la integración social, laboral...». Todo llega.