En estos tiempos de confrontación política descarnada y grandes diferencias incluso en lo esencial -la lucha legal y democrática sin atajos contra el terrorismo-, en algo básico, al menos, tendríamos que estar de acuerdo los grupos políticos: los terroristas de la organización ETA no deben marcar nuestra agenda y la fecha de unos comicios generales debería estar ahí incluida.

A la presente legislatura le queda camino por recorrer. Primero, porque a la vuelta de la esquina están unos importantes comicios autonómicos y municipales donde los partidos estamos obligados a responder a la sociedad de muchas cosas. La importancia real y emocional de la violencia y de la lucha contra el terrorismo no puede ocultar otros fenómenos.

En las próximas semanas debemos dar respuesta, entre otros temas, a los motivos por los que quienes gobiernan en la mayoría de ayuntamientos han permitido en los últimos años un tsunami urbanizador y una corrupción urbanística no generalizada pero sí muy grave. La realidad dice que los beneficios han sido repartidos de acuerdo a criterios de mercado y los costes (sociales y medioambientales) sí han sido socializados entre todos.

Tampoco se puede acabar la legislatura sin que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desvele hasta dónde está dispuesto a llegar en lo que podríamos denominar como lógica ambidiestra de acción política. Es decir, es de izquierdas en lo que no cuesta y de derechas en todo lo demás, pese a las limitaciones demostradas y sus escasísimos réditos electorales para los socialistas.

Los futuros votantes de unas elecciones generales tienen que tener resuelta la duda antes de acudir a las urnas de si, por un lado, los partidos hemos sido capaces tras el criminal atentado de ETA de la T-4 de reivindicar la veracidad y un cierto sentido de la decencia política. Eso significa fortalecer la columna vertebral del Estado de Derecho: el Parlamento como epicentro del Estado democrático y la Justicia como garante de la legalidad, sin trampas ni para unos ni para otros. Ningún Gobierno que venga debe tener hipotecas pendientes.

En segundo lugar, y ya en lo estrictamente político, este Gobierno socialista debe dejar la duda despejada de si va a pretender hasta el final ocupar todo el espacio político, con guiños a diestro y siniestro, o no va a dejar perder una oportunidad de oro para dar un giro en el modelo económico, de modo que su gestión produzca efectos netos en términos de redistribución, de disminución de las desigualdades y de mejora clara de los servicios públicos universales.

Ni en empleo de calidad, ni en materia de vivienda, ni en educación, ni en nuestra sanidad ha habido avances significativos respecto al pasado más inmediato y eso no es tolerable. Pero se debe agotar el mandato que la sociedad dio a este Gobierno en una situación tan delicada como la de marzo de 2004 para que los ciudadanos y ciudadanas echen sus cuentas y entonces, y sólo entonces, hagan su evaluación final.

No estamos de acuerdo con la militarización de la política que algunos plantean en estos momentos. Para el PP, por ejemplo, la lucha contra ETA juega el mismo papel que la guerra de Irak para los neocons estadounidenses: la agenda la marcan los temas de seguridad, se apuesta sólo por la lógica amigo-enemigo y se intenta criminalizar los conflictos dando preeminencia en exclusiva al Estado penal sobre la perspectiva civil.

Antes de llegar a unas nuevas elecciones debemos ser capaces de articular una sociedad civil potente cuya movilización consolide una cultura de paz, de cooperación y de diálogo entre aquellos sectores de la sociedad que están sin medias tintas por la convivencia democrática.

NO

Gaspar Llamazares es coordinador general de Izquierda Unida.