Llegó a su Quito natal el pasado 28 de noviembre, un par de días después de lo que ponía en su billete de ida, debido a los constantes retrasos en el aeropuerto de Barajas. Tenía que regresar el 1 de enero a Las Palmas, donde reside desde hace ocho años junto a su esposa Teresa, sus cinco hijos, su nuera y dos nietos. Pero los 10 siguen en Quito sin saber qué día retornarán ni de qué vivirán a la vuelta. No sólo él ha perdido su trabajo, sino que también peligra el de su hijo mayor, padre de sus dos nietos, de ocho y seis años. Incluso el de su mujer, que tenía que incorporarse como limpiadora en un hotel canario el 3 de enero. Y, claro está, no lo hizo.

El hombre, que ronda los cincuenta, pidió un préstamo de 12.000 euros para poder hacer frente al viaje después de ocho años sin pisar su tierra. Además, está pagando la hipoteca de un piso en el que se metió hace un par de años. «Vine con lo justo para poder estar aquí un mes y ver a los abuelos, pero ahora ya me quedé sin nada», comenta desde la casa de un pariente que ha albergado a su nutrida familia todo este tiempo.

«Pero ya es una situación incómoda porque no podemos estar más en su casa, pero tampoco podemos pagar un hotel», asegura convencido de que es la peor experiencia que ha vivido en toda su vida. «Es una auténtica pesadilla; no lo pasé tan mal ni cuando me fui sin papeles la primera vez».

Su historia no es un caso aislado, sino que se repite machaconamente entre los centenares de perjudicados en el país andino. Su desesperación llega a tal punto que se les puede ver un día sí y otro también manifestándose frente al Palacio de Gobierno, la embajada española, la Defensoría del Pueblo o, incluso, el aeropuerto. La sede de Air Madrid en la capital ecuatoriana tampoco se libra, vigilada las 24 horas del día por un guardia de seguridad. Los perjudicados incluso han tomado como ejemplo el corralito argentino y, en cada acto de protesta, acuden cacerola y silbato en mano. En eso se convirtieron sus vacaciones de Navidad. Y en esas siguen dos semanas después.

Todo con tal de llamar la atención de una vez para que el Gobierno ecuatoriano firme, por fin, el contrato suscrito con la aerolínea estadounidense Northeast, para que ésta traslade a los afectados a España en distintos vuelos chárter. Ese fue el compromiso que Alfredo Palacio, presidente de la República hasta el pasado 15 de enero, adquirió el 29 de diciembre. Entonces, autorizó el empleo de un millón de dólares (700.000 euros), procedentes de un fondo especial para emigrantes, para la contratación de esos aviones.

Sin respuestas

Tras revisar 15 propuestas, el mandatario explicó que la aerolínea que mejores condiciones ofrecía era la también estadounidense Delta Airlines. Después, cambió de opinión y ahora es Northeast la que ha planteado la oferta más adecuada.

Pero el contrato sigue sin firmarse. «Ahora dicen que necesitan los informes de la Contraloría y la Procuradoría del Estado para que den el visto bueno final. Nos llevan engañando más de un mes y no hacen más que pasar la 'papa' caliente de un lado a otro», sostiene María Pilicita, una de las afectadas, erigida en portavoz del colectivo.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de contratar a la línea aérea que traslade a los damnificados de Air Madrid, intenta lavarse las manos y achaca el retraso a la lentitud con la que la Defensoría del Pueblo está elaborando la lista total de perjudicados. «Nosotros no podemos hacer nada hasta tener un listado oficial para saber quién puede viajar y cuántos vuelos podemos contratar», expresa Fernando Suárez, director general de apoyo a los ecuatorianos en el exterior.

Otra de las afectadas, Laura Andrade, de 38 años, denuncia, en cambio, que los políticos están intentando que pase el tiempo para que las víctimas de Air Madrid compren los billetes por su cuenta o, por lo menos, se olviden del problema. Ella vive en el madrileño barrio de Canillejas junto a sus dos hijas, Salomé, de 18 años, y Alejandra, de 12. Hace ya siete que se marchó y, desde entonces, no había vuelto a visitar a su familia. No por falta de ganas, sino de dinero. Al poco de tiempo de llegar a España siguiendo a su marido, que emigró primero, vio cómo éste la abandonaba y emprendía una nueva relación con otra mujer.

A Andrade no le quedó otra opción que buscarse un trabajo limpiando casas, hospitales o cualquier cosa por la que pagaran. Ahora, la desesperación hace que se esté planteando pedir un crédito para regresar a España, aunque sabe que su trabajo ya puede darlo por perdido. «Me dijeron que no podían esperarme más y que iban a contratar a otra persona en mi lugar», cuenta entre lágrimas en la casa que su familia tiene en el barrio quiteño de Sangolquí, ubicado al sur de la capital.

Lo confirma su madre: «Vamos a ayudarla con el dinero que podamos para que se vaya cuanto antes y encuentre otro trabajo, porque las niñas tienen que ir al colegio ya o si no van a perder todo el año».

Es la opción que decidió seguir Jaime Carcelén, que llegó a Ecuador, desde La Rioja, el pasado 5 de diciembre. Lo acompañaron su mujer y sus dos hijas. Él ha sido uno de los protestantes más activos, pero llegó un momento en que se cansó. «Mi trabajo está en juego y los estudios de mis hijas también, por lo que pedí un crédito para marcharme de una vez a España».

Debería llegar hoy mismo, tras solicitar un préstamo de más de 6.000 euros, ya que los precios de los billetes se han incrementado hasta casi cuatro veces el coste normal debido a la ley de la oferta y la demanda. «Muchos emigrantes han seguido el ejemplo de este señor y decidieron comprar el billete por su cuenta», asegura Asunción Martínez, empleada de la venezolana Santa Bárbara Airlines, que opera la ruta Quito-Madrid.

Carcelén asegura que ya ha recopilado los teléfonos de varios centenares de afectados para organizarse en España y contratar a un abogado común que les ayude a recuperar el dinero perdido. «Ya nadie me va a devolver los días perdidos en Quito», lamenta.

Huelga de hambre

Otros afectados no han podido seguir el ejemplo de Carcelén y están optando por llamar la atención para obtener una plaza libre en cualquier vuelo que se encamine a España. La huelga de hambre es la alternativa que no descarta un grupo de perjudicados encaramados en medio de la Plaza Grande, junto al Palacio Presidencial.

«A partir de la próxima semana iniciamos una huelga de hambre si el Gobierno sigue tomándonos por tontos. ¿No se dan cuenta de que somos una de las pocas cosas que mantienen a este país?», recuerda irritado Alfonso Cevallos, mientras sostiene una pancarta. «Correa, usted debe ayudarnos», es su lema, «El anterior presidente no hizo nada. Correa es nuestra última esperanza», añade su compatriota, Joffre Benalcázar, mientras una descolorida gorra le cubre la mitad de la cara.