Pablo Pérez Tremps, magistrado del Tribunal Constitucional desde junio de 2004, firmó tres meses antes un contrato con la Generalitat para la elaboración de un estudio sobre las relaciones exteriores de Cataluña, no con un contenido doctrinal o abstracto, sino para que analizara la viabilidad constitucional de determinadas propuestas planteadas por la propia Generalitat.
Las sugerencias del entonces catedrático se vieron, a la postre, reflejadas -de forma prácticamente literal- en el proyecto de reforma del Estatuto que el Parlamento catalán envió al Congreso. Pérez Tremps cobró 6.000 euros por su colaboración.
El PP, promotor de un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut, cuestiona que Pérez Tremps reúna la apariencia de imparcialidad necesaria para intervenir como juez en este proceso, ya que cobró de una de las partes que están personadas -la Generalitat- por «asesorarla», precisamente, sobre lo que es objeto del recurso.
Un expediente enviado al Tribunal Constitucional (TC) por el Institut d'Estudis Autonòmics -el organismo de la Generalitat que actuó como cerebro del nuevo Estatuto- sobre la contratación de Pérez Tremps, pone de manifiesto que el objeto del encargo, consistente en «elaborar un estudio que evalúe los aspectos relacionados con la acción exterior y la participación europea», se condicionó a que tal estudio diera respuesta a determinadas cuestiones que interesaban a la Generalitat.
En el expediente, que no era conocido cuando el Tribunal rechazó en enero de 2006 una anterior recusación de este magistrado por el PP, figura el contrato firmado entre el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, y Pérez Tremps el 8 de marzo de 2004, 13 semanas antes de ser designado por el Gobierno magistrado del TC.
La cláusula primera del contrato especifica que el estudio debía elaborarse «en los términos que se exponen en el documento anexo a este contrato y que forma parte integrante del mismo», con una serie de cuestiones concretas a las que Pérez Tremps debía responder:
- «El informe debería valorar si el margen ofrecido por el Tribunal Constitucional permite al Estatuto incluir ciertos mecanismos concretos de actuación exterior de la Generalitat, como el establecimiento de organismos propios en países extranjeros (...)».
- «También debería analizarse si el Estatuto puede prever la designación directa por parte de la Generalitat de representantes en organizaciones internacionales, cuando estos organismos permitan la presencia de entes subestatales».
- «El dictamen [sic] debería pronunciarse sobre la posibilidad de que el Estatuto considere que dentro del espacio europeo se encuentran incluidas las relaciones transfronterizas».
- «Debería analizar cómo la reforma del Estatuto puede incidir en una mejor y mayor participación de la Generalitat en el proceso ascendente y descendente del Derecho comunitario».
- «Debería valorar la posibilidad de que el Estatuto prevea que la participación de la Generalitat en las negociaciones en el ámbito europeo será la máxima que permita el propio Derecho de la Unión, haciendo posible la aplicación del artículo 203 del Tratado de la Comunidad que permite que la representación de los Estados ante el Consejo de Ministros la ostente un representante 'de rango ministerial facultado para comprometer al Gobierno', es decir, que podría tratarse, en su caso, de un consejero de la Generalitat».
El trabajo que el catedrático de Derecho Constitucional entregó al IEA pocas semanas antes de acceder al Tribunal Constitucional cumplía fielmente el encargo. Su respuesta a las cuestiones concretas que interesaban a la Generalitat se incluía en la tercera parte de la obra, significativamente titulada «Análisis de las propuestas», y ya desde su introducción queda en evidencia la íntima relación del trabajo con la futura reforma del Estatuto de Cataluña.
«Procede ahora analizar desde la perspectiva del marco constitucional las propuestas que para reforzar la acción exterior y europea puedan realizarse para incluir en la reforma del Estatuto de Autonomía», escribió Pérez Tremps.
A partir de ahí, el texto está plagado de expresiones como «es posible incluir en el Estatuto fórmulas de este tipo...», «podría resultar viable...», «tampoco cabe excluir la introducción de una cláusula...»
Cuando hace un año el TC resolvió la primera recusación de Pérez Tremps por parte del PP (que había recurrido contra la Mesa del Congreso por la forma de tramitación de la reforma estatutaria), consideró que el documento de Pérez Tremps era un «artículo doctrinal», un «trabajo académico que no se ha realizado en posición de parte, ni en auxilio de parte».
Estimó también que el trabajo estuvo «temporal y orgánicamente desconectada del concreto proceso de reforma estatutaria».
El expediente de que dispone el TC revela que ya la propia carta de invitación del IEA, cursada en noviembre de 2003, permitió a Pérez Tremps conocer la finalidad de su colaboración: el «análisis detallado» de las propuestas contenidas en un precedente Informe sobre la reforma del Estatuto «para incrementar el autogobierno de Cataluña mediante una reforma estatutaria dentro del marco constitucional vigente».
Buscando complicidades
«Se han encargado 10 trabajos (...) a 10 profesores de fuera de Cataluña sobre los aspectos más polémicos, más complicados de la reforma del Estatuto, esencialmente para que nos ilustren, nos den su parecer. Y también, evidentemente, para buscar complicidades por parte de estos autores, que realmente son gente de mucho peso».
Así explicó Carles Viver, director del Institut d'Estudis Autonòmics (IEA), la finalidad y relevancia de los trabajos encargados, entre otros nueve juristas, al hoy magistrado del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps.
Viver intervenía el 6 de mayo de 2004 ante los diputados de la Ponencia constituida en el Parlament de Cataluña para elaborar el proyecto de nuevo Estatuto. Pocos días después, firmó el justificante de que Pérez Tremps «ha entregado el estudio de forma satisfactoria» por lo que consideraba procedente que se le abonaran los 6.000 euros acordados.
La misma expresión, «buscar complicidades», fue utilizada semanas después por el consejero Joan Saura durante un encuentro con juristas de toda España para transmitirles las «aspiraciones del Govern» en relación al Estatuto.
La reunión se celebró en Barcelona el 4 de junio de 2004 y a ella decidió no asistir Pérez Tremps, que había sido invitado, porque ese mismo día el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió su nombramiento como juez del Constitucional.
El IEA, el organismo que solicitó la colaboración de Pérez Tremps, desempeñó un papel clave en la elaboración del proyecto de Estatut. El 19 de julio de 2004, Viver envió al Parlamento catalán «propuestas normativas» que sirvieron para los trabajos de la Ponencia. A medida que ésta avanzaba en la redacción del articulado, pedía nueva opinión al Institut. El informe final de la Ponencia hacía constar que la propuesta de reforma estatutaria que presentaba «incorpora algunas observaciones jurídicas y formales de los letrados en temas de especial relevancia y encargados al Instituto de Estudios Autonómicos y a los letrados para que mejoren la coherencia técnica y jurídica de la redacción definitiva».
