Aunque la Unión apenas tiene relaciones con Corea del Norte (sus exportaciones rondan los 200 millones de euros anuales), en teoría, ahora sería legal que le vendiera hasta armas por culpa de un peñón en el Mediterráneo. España veta la aplicación de las sanciones por el nombramiento por parte de Reino Unido de una autoridad en Gibraltar para vigilarlas. Además, esta disputa puede afectar al castigo, con consecuencias mucho más graves, contra Irán, que hoy acordarán los ministros de Exteriores europeos.

El 22 de noviembre apareció en el Diario Oficial de la UE la decisión, ratificada dos días antes, para un amplio embargo de armas, tecnología, servicios o bienes de lujo, la congelación de fondos y el veto de entrada de los líderes de Corea del Norte. Pero los Estados miembros siguen sin aprobar la lista de autoridades nacionales para poner en marcha y controlar esas sanciones.

Según fuentes comunitarias, Reino Unido ha incluido al Banco de Inglaterra y también, por separado, a la oficina de Gibraltar encargada del movimiento de capitales, que, según España, supondría el reconocimiento jurídico de un Peñón más autónomo y una concesión a la estrategia británica de sentar bases legales para la futura independencia del territorio. Según un acuerdo hispano-británico, Gibraltar debe ser representado sólo mediante las instituciones oficiales de Londres.

«En general, la política es impugnar todo acto jurídico en que se dé por supuesto que Gibraltar tiene un estatus aparte que no le corresponde», explica un portavoz español.

Pero el verdadero problema puede llegar a partir de hoy, con las sanciones a Irán por su programa nuclear de fines dudosos. Los ministros de Exteriores de los Veintisiete aprobarán una declaración para adoptar la resolución del 23 de diciembre de la ONU de embargo de tecnología nuclear e incluso reforzarla, por ejemplo con la expansión del elenco de los líderes que tendrán prohibida la entrada en la UE.

La Unión, que, a través de Javier Solana, jefe de Política Exterior, ha llevado el peso de la negociación nuclear con Irán, promete una adopción rápida de las sanciones que afectarán en particular a Alemania, Italia y Francia, los europeos con más relaciones comerciales y financieras con Irán. La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, defendió la semana pasada en Londres y Berlín una aplicación veloz de la resolución, posiblemente ampliada a los servicios financieros. Pero lo que no calcula Condi es que Gibraltar, no los créditos italianos a Irán, puede retrasar el castigo a Teherán.

Según fuentes diplomáticas, Reino Unido ha incluido la oficina de Gibraltar en el control de otras sanciones, pero, hasta ahora, «los españoles no se habían dado cuenta», entre otras cosas porque la lista de autoridades no había circulado en Bruselas.

«Con lo que nos ha costado, sería paradójico que ésta disputa bloqueara las sanciones a Irán», explica un diplomático europeo, agotado tras meses de negociación sobre la resolución de la ONU, que Rusia y China se resistían con fiereza a aprobar. Los españoles confían en que los británicos no se atrevan a colar la oficina gibraltareña en este caso. «Ahora es un problema técnico-jurídico, no político», asegura un representante comunitario.