Se conocen tantos Evo Morales como símbolos y objetivos tiene su Gobierno. Cuando levanta su ancestral bastón de mando, es el Apu Mallku -cóndor o máxima autoridad indígena- que proclama «el deber de las mayorías indígenas» de luchar por un «gobierno del pueblo» que reparta la riqueza de forma justa e igualitaria.

Pero su discurso «tensiona y polariza el país» -apunta el analista político César Rojas-, porque expresa «la lucha de clases con tintes raciales» que podría llevar a «más enfrentamientos, muertos y violencia este año». «Se está creando una gran coalición de intereses empresariales afectados», advierte.

Ese eje, capitaneado por el gobernador de Santa Cruz, lo forman también las regiones orientales de Tarija (que concentran las grandes reservas de gas) y las zonas madereras y latifundistas de Beni y Pando, lugares donde triunfó el sí en el referéndum autonómico del 2 de julio.

Cuando Evo luce un largo collar de hojas de coca ejerce también el mando sindical de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba. Su nueva política ha legalizado 20.000 hectáreas de cultivo de coca, declarando en agonía la ley 1008, que desde 1988 autoriza el cultivo legal de 12.000 hectáreas sólo en los Yungas. Ahora, Morales planea industrializar, con el aporte monetario de Venezuela, otras 4.800 hectáreas.

Es justo en el bastión cocalero de Evo, Cochabamba, donde ha surgido el talón de Aquiles existencial del Ejecutivo. El gobernador, el opositor derechista Manfred Reyes, se sumó al eje oriental, convocando por su cuenta otro referéndum por la autonomía, a pesar de que en su zona ya ganó el no. Al instante, miles de cocaleros y organizaciones sociales afines al presidente sitiaron la ciudad y destrozaron la sede del gobierno local.

Para el analista político Fernando Molina, el Movimiento al Socialismo de Morales está «preso entre la simpatía por los bloqueos y protestas callejeras», que el mismo Evo ejerció hasta su investidura, y su actual «obligación de proteger el orden democrático institucional». La pregunta es: ¿hasta qué punto puede el Gobierno contener a sus bases? Los dirigentes sindicales admitieron en la batalla campal de Cochabamba -saldada con dos muertos y 120 heridos- que habían «perdido el control» sobre sus gentes.

Morales desautorizó las acciones de sus bases. Pero la oposición ha aprendido de Evo que la política boliviana se decide midiendo fuerzas en las calles, y los analistas vaticinan el enfrentamiento de los defensores de los dos conceptos del país.