Sirera considera que los nueve hospitales implicados pudieron cometer un delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en el artículo 197 del Código Penal al entregar los historiales médicos a los lingüistas sin omitir los datos personales de los pacientes.

Este precepto castiga con penas de prisión de tres a cinco años a quienes accedan a datos personales sin estar autorizados. La pena se impondrá «en su mitad superior» cuando los datos se refieran, entre otras cosas, a la salud de las personas. Lo mismo se prevé cuando quien difunde los datos es el encargado de los ficheros.

El caso que hoy denunciará Sirera ante la Fiscalía se remonta a principios del año 2004, cuando la Generalitat contrató a una empresa privada, Centro Informático de Estadísticas y Sondeos, para que hiciese un estudio sobre la utilización del catalán en el sector sanitario, y comprobase si el personal sanitario habla esta lengua entre sí y con los pacientes, así como si los expedientes clínicos están escritos en este idioma.

El informe se realizó mediante el estudio de casi 9.000 documentos contenidos en 846 historiales clínicos. Para acceder al contenido de esta documentación, los técnicos contratados por la Generalitat visitaron 10 centros sanitarios: Sant Rafael, Sant Pau, Hospital del Mar, Vall d'Hebron, Hospital de la Esperanza, Sagrado Corazón, Clínico y Hospital de la Creu Roja. También participaron en el estudio lingüístico la Clínica Plató y la Casa de la Maternitat.

En enero de 2006, este diario se hizo eco del caso, que acabó en manos de las Agencias de Protección de Datos. La española, se encargó de revisar si los hospitales privados habían incumplido la ley, mientras que a la catalana le correspondió revisar la actuación de los hospitales públicos.

La Agencia Española de Protección de Datos consideró que los tres centros privados -Sant Rafael, Sagrat Cor y la Clínica Plató- «han incurrido en la infracción muy grave tipificada en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Protección de Datos», al haber quedado acreditado que «permitió el acceso a los datos incluidos en la historia clínica de distintos pacientes».

En consecuencia, la Agencia española dictó sendas propuestas de resolución en las que preveía condenar al pago de una multa de 60.101,21 euros a cada uno de estos hospitales a quienes daba el plazo de un mes para presentar alegaciones antes de que la resolución se convirtiese en firme.

Amonestación

La suerte corrida por los siete centros sanitarios restantes fue diferente. La Agencia Catalana de Protección de Datos -que tenía competencia en este caso por tratarse de hospitales públicos- consideró, al igual que la española, que se había cometido una falta «muy grave». Sin embargo, no llegó a imponer ninguna multa y se limitó a amonestar a los centros implicados para que no vuelvan a realizar una conducta de estas características.

Ahora, será la Fiscalía quien tome la decisión de llevar o no el asunto ante los tribunales. El PP cree que puede haberse cometido un delito y piensa que los fiscales deben tomar cartas en el asunto al tratarse de un perjuicio generalizado, que ha afectado a una pluralidad de personas, aunque éstas no acudan de forma individual a denunciar el asunto ante los jueces.