El padre de los pequeños, Francisco Alamo, de 40 años, aseguró ayer en declaraciones a la agencia Efe, que los niños no volverán a su casa hasta que la situación «se aclare» o sea un juez quien dictamine que sus hijos deben abandonar el domicilio familiar.

Ante esta situación, la DGAIA se puso de acuerdo con los Mossos d'Esquadra para poner en marcha una «orden de búsqueda especial» para localizar a los dos niños y hacer efectiva la «resolución en firme» de desamparo por parte de la Generalitat. Así lo explicaban ayer fuentes del Departament de Acció Social i Ciutadania.

Toda la historia comenzó cuando la Generalitat intervino después de que el pasado mes de septiembre la esposa de Francisco, Zakiya Khattabi, una marroquí de 32 años, presentara una denuncia contra su marido por presuntos malos tratos a su hijo mayor. La versión del padre difiere substancialmente, ya que aseguró que le había propinado «dos guantazos» a su hijo.

Al cabo de poco tiempo, la mujer, que anteriormente también había denunciado a su marido por maltratos sobre su persona, retiró la denuncia alegando que estaba «médicamente depresiva», según explicaba ayer el padre, Francisco Alamo.

Fuentes de la conselleria señalaron, sin embargo, que pese a que la denuncia fue retirada, la orden para quitar la tutela a los padres ha seguido su curso, ya que se trata de una familia «desestructurada» e incapaz de garantizar una vida «en condiciones» a los dos pequeños.

«Los niños no pueden continuar en un entorno familiar de estas características», indicaban ayer a Efe las mismas fuentes del Departament de Acció Social, que pretende trasladar a los dos menores a un centro de acogida hasta que se estudie a fondo la situación y se decida finalmente si los pequeños pueden seguir viviendo con sus padres.

Precisamente, un técnico de la DGAIA, acompañado de varios Mossos d'Esquadra, se personó ayer en el domicilio familiar para notificar a los padres la resolución de retirada de la tutela acordada por la Generalitat, si bien los padres se negaron a abrir la puerta alegando que no llevaban una orden judicial.

Tras la marcha de los agentes, los progenitores se llevaron a sus hijos a casa de unos familiares, fuera de Barcelona, y regresaron solos a la capital catalana para solucionar una situación que califican de «ilegal» y que ya han anunciado han puesto en manos de abogados.

Alamo afirma que no constan documentos médicos que constaten que su hijo haya sufrido malos tratos y añadió que él mismo se hizo un examen psiquiátrico en el Hospital del Mar de Barcelona para demostrar que era una persona «totalmente normal».

Este padre también explicó que sólo exige dos cosas para que este asunto se esclarezca: «Que un juez pida que se me practique un examen psiquiátrico, otro a mi mujer y otro a mis hijos», y que «se revisen los expedientes de la DGAIA», puesto que considera que no son fiables.