Consciente de las dificultades que supone aplicar una medida como ésta -por la polémica que levantará con los propietarios y por la complejidad jurídica que supone definir el concepto «piso vacío»-, la secretaria catalana de Vivienda, Carme Trilla, aseguró ayer que su departamento «está a la expectativa» de conocer los detalles. «Estamos interesados en cualquier iniciativa para movilizar el parque de viviendas desocupadas, y cualquier reflexión nos parece interesante», indicó, aunque admitió que la dificultad es cómo demostrar que un inmueble está desocupado, de ahí su viabilidad.

Los planes que estudia el Gobierno vasco -cuyo consejero de Vivienda es Javier Madrazo, de Izquierda Unida-Ezker Batua- se unen a los que ya han aprobado más de un centenar de municipios españoles. En el caso vasco, se plantea multar con nueve euros diarios las viviendas que se demuestre que han estado desocupadas durante un año, aunque Madrazo todavía está recabando apoyos políticos en su gobierno para sacar adelante la medida.

Carme Trilla es la principal ideóloga de la Ley por el Derecho a la Vivienda que tramita el Parlamento catalán. En ese texto no figura esta controvertida medida propuesta por el Gobierno vasco, pero sí otra muy polémica: la del «alquiler forzoso». En este caso sería la Administración catalana la que obligaría a los dueños que tuvieran una vivienda vacía durante más de dos años a ponerla en alquiler por un periodo de seis años, en determinadas condiciones.

La Generalitat se basa en el «uso social» de los pisos para defender esta propuesta, aunque el departamento de Trilla es consciente de que la demostración sólo podrá efectuarse caso por caso y a través de la vía judicial.

Desde CiU opinaron que esa propuesta es un «despropósito», que requerirá una «gran» base de datos, y reclamó desgravaciones fiscales para fomentar el alquiler. El PP lo tildó de «auténtica animalada», alegando que «mucha gente trabaja muy duro para dejar una vivienda a su hijo».

Apoyar el alquiler

Por su parte, el grupo de IU-ICV en el Congreso considera que, en determinadas situaciones, los dueños de viviendas desocupadas «con carácter permanente» deben pagar un recargo de entre el 50 y el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles, para animarles a alquilarlas.

Además, IU-ICV plantea que los ayuntamientos puedan dar bonificaciones en ese impuesto a los dueños de viviendas desocupadas que decidan alquilarlas.

El problema de la vivienda preocupa mucho a la formación de Gaspar Llamazares. IU gestiona esta materia en los gobiernos del País Vasco y de Asturias, de los que forma parte, y quiere trasladar sus buenos resultados en esas autonomías al resto del Estado.

La semana pasada, IU-ICV presentó en el Congreso una propuesta para que el Gobierno reconozca el derecho de cualquier ciudadano a tener una «vivienda digna». Ayer insistió en esta materia, con una proposición de ley en la que recuerda que en España hay más de tres millones de viviendas que no están habitadas por sus propietarios ni alquiladas a otras personas.

Pero los dueños de una segunda vivienda no deben preocuparse, porque en el proyecto se aclara que ese recargo en el impuesto no podrá aplicarse en todos los casos. No tendrá efecto para las viviendas no ocupadas por sus dueños que estén alquiladas más de seis meses al año, las que sean utilizadas algunos periodos por sus propietarios cuando éstos vivan en otra localidad, las destinadas a trabajadores desplazados temporalmente a otra población o las sometidas a un expediente de ruina.

La propuesta de IU-ICV también establece que los ayuntamientos deberán crear un registro de las viviendas no habituales que poseen sus vecinos.