El sector, en cualquier caso, está inmerso en numerosos procesos de renovación de consejeros. Muchos de éstos han dañado, en las últimas semanas, la imagen de la gestión de las cajas, por la huella que ha dejado la politización -CAM y Unicaja son dos ejemplos- ante las pugnas que por el poder se han desatado en el seno de los grupos parlamentarios autonómicos.

Un hecho que tampoco ha pasado desapercibido para el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, que la semana pasada abogó por las fusiones entre estas entidades, siempre que se dé una condición: que las operaciones de concentración se planteen entre cajas «con un escaso solapamiento geográfico y sectorial». El responsable del organismo supervisor recordó al respecto que este tipo de operaciones «habrían de guiarse por los mismos parámetros de racionalidad económica y financiera que otro tipo de estrategias», en clara alusión a los intereses políticos que pesan sobre cada institución.

La petición del Banco de España es «bien vista» por el sector, según admiten fuentes de las cajas, dispuestas a lanzar un guiño al gobernador -lanzamiento de cuotas participativas para colmar su ansiada «disciplina del mercado»- si la entidad lograba abrir un debate político acerca del delicado momento por el que atraviesa el sector.

Las cajas comparten, en su mayoría, la idea recientemente lanzada por un informe auspiciado por la Fundación de Estudios Financieros en el que se propugna, entre otros cambios, la reducción por debajo del umbral del 50% la presencia de administraciones públicas en los consejos de las cajas, fundamentalmente los consejeros designados por las comunidades autónomas que son, en última instancia, las que preservan poderes de autorización de decisiones.

«Las administraciones autonómicas han adquirido una preponderancia paralela a su peso en las políticas públicas del Estado que, en ocasiones, puede haber desequilibrado los órganos de gobierno», indica el estudio, en el que se pide más «autonomía» en la composición de la asamblea y en la duración de los mandatos.

De momento, fuentes de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP admiten la necesidad de alcanzar un acuerdo para evitar que se repitan casos de «excesiva politización» en las cajas de ahorros, si bien niegan que haya habido contactos «formales» para elaborar «una lista de reformas» que altere la actual normativa.