El dictamen enviado al TC no lleva la firma del fiscal jefe, Juan Ortiz Urculo, partidario de que la recusación se estime.

Pese a que el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Juan Ortiz, era partidario de apoyar la recusación al entender que Pablo Pérez Tremps no reúne la exigible imparcialidad objetiva, el fiscal general le comunicó que no compartía su criterio.

Ello determinó que Ortiz declinara la elaboración del informe y encargara el asunto a otro fiscal. La elegida fue Angeles Sánchez-Conde, teniente fiscal del TC desde hace cuatro meses por designación de Conde-Pumpido.

A finales de diciembre, el Tribunal pidió el parecer de la Fiscalía sobre la recusación de Pablo Pérez Tremps por parte del PP, que ha promovido un recurso contra el Estatuto de Cataluña por su posible inconstitucionalidad.

El PP cuestiona la imparcialidad de este magistrado para juzgar el contenido del Estatuto porque en mayo de 2004, un mes antes de acceder al TC, elaboró para la Generalitat un estudio sobre las relaciones exteriores de Cataluña.

Según el contrato suscrito entre el entonces catedrático del Derecho Constitucional y la Generalitat, Pérez Tremps debía analizar la viabilidad constitucional de una serie de propuestas concretas para incrementar el margen de autogobierno de Cataluña. Varias de sus sugerencias se vieron plasmadas en el proyecto de reforma del Estatuto luego enviado por el Parlament al Congreso. La Generalitat es ahora parte en el proceso abierto por el TC para determinar la constitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña.

«No dudamos de la legitimidad del entonces profesor Pérez Tremps para redactar ese dictamen», sostiene el PP en su escrito de recusación, «lo que sí se discute es la posibilidad de que el magistrado Pérez Tremps termine por enjuiciar la constitucionalidad de una norma cuyo texto ha sido nutrido con las propuestas hechas por el catedrático Pérez Tremps».

Para el PP, «cualquiera que sea el nombre que formalmente se le pretenda dar», el trabajo de Pérez Tremps «no puede ser tenido por un mero estudio académico». «Da consejos de oportunidad política y sugiere cómo debe proceder el legislador para ver en texto normativo unas aspiraciones que no son académicas, sino de pura y simple opción política».

La Fiscalía, sin embargo, no ve motivos para apartar a Pérez Tremps del proceso constitucional sobre el Estatut. Poco después de recibir la providencia del TC solicitando el parecer del Ministerio Público, Conde-Pumpido y Ortiz tuvieron una conversación en la que el fiscal general le comunicó su criterio de que había que oponerse a la recusación.

Dado que el fiscal jefe, partidario de respaldar la recusación, no quería apoyar con su firma un escrito contrario a su convicción jurídica, el asunto fue reasignado a la teniente fiscal, cuyo criterio coincidía con el del fiscal general.

Sánchez-Conde sostiene que la recusación debe rechazarse porque una iniciativa similar ya fue resuelta por el Tribunal Constitucional en enero de 2006.

En aquella ocasión, en la que el TC no dispuso del expediente de la contratación de Pérez Tremps por la Generalitat, la recusación fue desestimada por ocho votos a tres.

El Constitucional estimó que se trataba de un trabajo «académico, racional, doctrinal y teórico» que estuvo «temporal y orgánicamente desconectado del concreto proceso de reforma estatutaria» que culminó con la propuesta remitida a las Cortes.

La Fiscalía informó ya entonces a favor de Pérez Tremps, argumentando que «no basta con acreditar la existencia de unos estudios sobre los límites constitucionales de una materia susceptible de ser reformada en el Estatuto para entender comprometida su imparcialidad objetiva. Para justificar la recusación debería haberse probado el encargo de los redactores del nuevo texto del Estatuto al citado recusado y su vinculación concreta con ellos y con ese texto».

Es la segunda vez que Conde-Pumpido hace prevalecer su criterio en asuntos relacionados con el nuevo Estatuto catalán.

En febrero de 2006, el fiscal general reunió por sorpresa a la Junta de Fiscales de Sala en la seguridad de que este órgano iba a respaldar su posición contraria a la admisión a trámite de un recurso de amparo de los populares.

Esta demanda se refería al acuerdo de la Mesa del Congreso de tramitar como propuesta de reforma estatutaria lo que, para el PP, era una reforma encubierta de la Constitución.

No era un recurso que permitiera juzgar la constitucionalidad del Estatut (en aquellos momentos, una mera propuesta) sino la forma de tramitación de la reforma.

En contra del parecer mayoritario de los fiscales del TC -que habían respaldado por seis votos a tres la tesis de Juan Ortiz Urculo favorable a la tramitación del recurso-, la Junta de Fiscales de Sala estimó que la impugnación del PP carecía «manifiestamente» de contenido constitucional.

Sólo cuatro de los 19 generales de la Fiscalía respaldaron la aceptación del recurso.