El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el actual coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Félix Hernando, se sentarán en el banquillo de los acusados entre los próximos días 12 y 29 de marzo para responder de los pagos hechos a Amedo y Domínguez entre 1988 y 1994, con el fin de comprar su silencio en vísperas del primer juicio de los GAL.
Ambos se enfrentan a penas de siete y dos años de prisión, respectivamente, por un delito de malversación de caudales públicos. Junto a Vera y Hernando, la Fiscalía Anticorrupción acusa al abogado Juan de Justo, que fue secretario de Vera en Interior, y a Aníbal Machín, ex jefe del Servicio de Operaciones del Ministerio. Pide para ellos otros cuatro y dos años de cárcel, respectivamente. Machín se enfrenta a la misma imputación que Hernando: haber trasladado desde España a Suiza unos maletines cargados de dinero en efectivo procedentes de los fondos reservados (pesetas y dólares) que las mujeres de Amedo y Domínguez ingresaron en cuentas abiertas en Ginebra.
La Justicia desempolvó la causa de los maletines de fondos reservados en Suiza en verano de 2004, después de tres años de parálisis a causa de problemas de competencia entre la Audiencia Nacional y la Provincial, y poco después de que el propio Félix Hernando se jactara en la Comisión del 11-M de que «el asunto está definitivamente zanjado».
La investigación arrancó después de que José Amedo y Michel Domínguez revelaran a EL MUNDO que sus esposas habían recibido 200 millones de pesetas en Ginebra (Suiza) de manos de la cúpula socialista de Interior.
El auto de la Sección 26ª de la Audiencia Provincial acepta todas las pruebas y testimonios propuestos por las partes personadas en la causa, con la excepción de la declaración de un inspector suizo en el que el tribunal apreció problemas de identificación.
La Audiencia de Madrid confirmó el auto de apertura de la juez instructora, de 18 de noviembre de 2005. Hernando y Machín habían recurrido la decisión de la juez, que les atribuyó una presunta participación en los hechos en calidad de cómplices, pero la Audiencia desestimó dichos recursos.
En todo caso, el tribunal estimaba que los recursos de Hernando y Machín no ofrecen motivos para cuestionar los indicios existentes contra ellos. Frente a la alegación de que las esposas de Amedo y Domínguez se habían limitado a ratificar lo dicho por éstos, que han cambiado varias veces sus declaraciones, la Audiencia indicaba en marzo de 2006 que los testimonios de Angeles Acedo y Alicia Sánchez han sido «persistentes» y, sobre todo, existen documentos que los respaldan.
Cuentas suizas
Así, constan en el procedimiento las fichas de apertura de las dos cuentas suizas y extractos de las operaciones realizadas, precisamente, los días que afirman haber viajado con Hernando y Machín a Ginebra.
El tribunal también rechazaba la alegación de que otras personas supuestamente implicadas en los pagos no están acusadas. Indicaba, a este respecto, que la afirmación de Hernando y Machín de que otros funcionarios tuvieron una participación similar a la suya no se puede extraer del procedimiento.
Tampoco acogió el argumento de Hernando de que no podría ser cómplice del delito de malversación, habida cuenta del «carácter subordinado» de su actuación. Para la Audiencia, la calificación jurídica de la conducta del jefe de la UCO es «razonable», sin prejuzgar otros aspectos que se dilucidarán en el juicio, como el alcance de la orden recibida.