La Audiencia Nacional dictó el pasado sábado ordenes de detención internacional y euroórdenes contra los 19 condenados a seis años de prisión que aún no han sido arrestados por su pertenencia a Jarrai, Haika y Segi, consideradas organizaciones terroristas por el Tribunal Supremo.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal emitió esta orden un día después de que el Alto Tribunal fallara en contra de los 23 acusados, y tras observar que las Fuerzas de Seguridad y la Ertzaintza sólo habían logrado detener a cuatro de los condenados. Por el momento, el resto se encuentra en paradero desconocido, informa Vasco Press.
El mismo tribunal, encargado de ejecutar la sentencia del Supremo, ordenó la detención en el ámbito nacional de todos ellos inmediatamente después de hacerse público el fallo del Supremo. La última detención se desarrolló el sábado por la Ertzaintza en la localidad alavesa de Murgia.
El viernes, la Guardia Civil practicó en San Sebastián dos arrestos, los de Amaia Arrieta González, ex integrante del área Internacional de Gestoras Pro Amnistía, y su pareja, Igor Ortega Susundegi, nacido el 9 de mayo de 1975 en Barakaldo. La policía localizó en la casa que ambos compartían una carta de captación para integrarse en ETA, fechada en el año 2001.
El tercer detenido es Iker Frade Bilbao, de 24 años, arrestado el jueves por la tarde durante una protesta en favor del preso de ETA Iñaki de Juana Chaos, en Bilbao.
Las consecuencias del fallo del Supremo se volvieron a dejar ver el pasado fin de semana en Pamplona y Vitoria. Un cajero automático de Caja Laboral quedó dañado a consecuencia de un incendio provocado por unos desconocidos, que lo rociaron con gasolina antes de prenderle fuego, según informó ayer la delegación del Gobierno en Navarra.
Además, la oficina del Instituto Nacional de Empleo en Vitoria apareció ayer con pintadas en las que se acusa al PSOE de «terrorista».
Varios radicales también se encaramaron a la marquesina de un centro comercial del centro de Bilbao, donde exhibieron una pancarta contra la decisión del Supremo.
Por su parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, afirmó no tener constancia de que los 19 integrantes de Jarrai, Segi y Haika hayan huido de España, y calificó de «insidia» la posibilidad de que una filtración previa de la sentencia haya permitido huir a los condenados.
El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, que visitó ayer la casa del pueblo del barrio bilbaíno de Santutxu, atacada por radicales el pasado fin de semana, instó a la izquierda abertzale a que, en lugar de pedir cuentas al PSOE, tal y como indicaban los saboteadores con sus pintadas, lo hicieran a ETA.
Por último, el PCTV consideró el fallo como «un nuevo episodio de conculcación de derechos civiles y políticos».