En rueda de prensa, el día en que se publicaba el contenido del informe requerido en su día por la Generalitat y la cuantía del contrato, Acebes aprovechó para señalar que «se dan las condiciones que marca la Ley para recusar» y consideró «obvio» que el magistrado no pueda participar ahora en la decisión «sobre la constitucionalidad o no del Estatuto» cuando «previamente ha cobrado por ello».

Acebes, que recordó que el PP es el firmante de una recusación plena de «sentido comun», dijo que Tremps ha establecido una «relación mercantil, ha cobrado sus honorarios, se ha pronunciado y, además, según se ha demostrado, sus opiniones se han incorporado al propio Estatuto».

La formación catalana Ciutadans se posicionó en este asunto junto al PP. José Domingo, el portavoz adjunto de esta formación en el Parlamento de Cataluña, manifestó que para su partido es «fundamental» que «un letrado de parte» como Pérez Tremps, no analice el recurso que los 'populares' han presentado contra la norma estatutaria.

El diputado autonómico destacó cómo Pérez Tremps realizó un dictamen de parte «que luego ha sido asumido en el propio Estatuto de autonomía», por lo que «no puede tener la independencia y la imparcialidad suficiente para luego emitir una sentencia».

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, señaló, en la rueda de prensa que siguió a celebración de la Ejecutiva Federal, que el Partido Socialista «no hace valoraciones sobre asuntos pendientes de resolver» y que, en cualquier caso, respeta las decisiones que adopta la Justicia.